El debate en torno a la Ley de Amnistía, promulgada el pasado 14 de agosto por el gobierno de Dina Boluarte, sigue escalando. La norma busca beneficiar a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por presuntos delitos durante el conflicto interno (1980-2000). Sin embargo, la Corte IDH ordenó a los jueces peruanos abstenerse de aplicarla hasta emitir un pronunciamiento final, lo que generó tensiones con el Ejecutivo.
En este contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que los jueces tienen plena autonomía para aplicar o rechazar la norma mediante mecanismos como el control difuso o el control de convencionalidad, pero advirtió que ningún organismo internacional puede imponer cómo deben fallar.
¿Qué dijo el premier sobre la Corte IDH?
Arana calificó de “inaceptable” que la Corte pretenda ordenar a los jueces peruanos el sentido de sus fallos:
“Eso es inaceptable porque un juez no puede obedecer a un mandato tampoco de una Corte como si fuera parte de su propio esquema administrativo o como si fuera subalterno de él”, expresó en conferencia de prensa.
El premier sostuvo que los jueces peruanos son independientes y que ninguna autoridad, nacional o extranjera, puede influenciar sus decisiones judiciales.
El debate sobre la permanencia en el sistema interamericano
La tensión con la Corte IDH coincidió con el anuncio del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien señaló en Ginebra que el Perú evalúa su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Arana confirmó esa posición, aunque precisó que aún no hay una decisión tomada:
“Estamos en la etapa inicial, que es la de estudiar. No hay ninguna carta de renuncia al sistema”, aclaró.
El premier agregó que la postura del gobierno no contradice los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos, pues el país sigue siendo signatario de la Convención Americana y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Cómo están resolviendo los jueces peruanos?
El pronunciamiento del premier llega luego de que magistrados como Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidieran inaplicar la Ley de Amnistía en casos concretos.
En su resolución, Ayala rechazó otorgar amnistía a ocho exmilitares acusados de abusos en comunidades campesinas de Apurímac y Cusco en 1990, argumentando que la norma era inconstitucional y contraria a tratados internacionales.
La Corte Superior Nacional respaldó la decisión, señalando que se trataba del ejercicio válido del control difuso que la Constitución peruana otorga a los jueces.
Autonomía judicial en la mira
Para Arana, este tipo de decisiones reflejan precisamente la independencia de los jueces, que pueden evaluar caso por caso si corresponde aplicar o no la amnistía.
“Un juez tiene un atributo muy especial que es la autonomía e independencia al tomar sus decisiones. Nadie, absolutamente nadie, en el Perú o en el mundo, puede insinuar cómo debe fallar”, subrayó el titular de la PCM.
