El Gobierno de Dina Boluarte volvió a confrontar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tras la resolución emitida el 5 de septiembre, en la que el tribunal ratificó que la Ley N.º 32419 —que concede amnistía a militares y policías procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000— carece de validez y no puede ser aplicada.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo calificó de “inaceptable” la decisión del tribunal internacional y reiteró que el Perú “seguirá evaluando su permanencia” en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El pronunciamiento insiste en cuestionar la competencia de la Corte IDH y sostiene que esta no puede intervenir mientras no se agoten los recursos en la jurisdicción interna, reduciendo así su rol a un carácter meramente “subsidiario”.
Corte IDH: amnistía es contraria a la Convención Americana
La resolución del tribunal ordena al Estado y a todos los poderes públicos —Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial— abstenerse de aplicar la norma hasta que se emita un fallo definitivo sobre el fondo del asunto. Asimismo, subraya que permitir su vigencia implicaría desconocer sentencias previas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que establecieron que las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
El tribunal advirtió que la reincidencia del Perú en aprobar leyes de amnistía y prescripción profundiza el descrédito internacional del país y vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
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Cancillería conforma grupo de trabajo confidencial
En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la creación de un “Grupo de Trabajo Sectorial para la Evaluación Técnica de la Vinculación del Perú al SIDH”. La resolución publicada por la Secretaría General de Torre Tagle establece que dicho grupo estará conformado por siete altos funcionarios de la Cancillería y un embajador, y deberá instalarse en un plazo máximo de diez días hábiles.
Entre sus funciones figura la elaboración de una propuesta normativa para crear una comisión multisectorial de alto nivel que analice la permanencia del país en el sistema interamericano. No obstante, el artículo 9 del documento señala que toda la información que genere este grupo tendrá carácter “confidencial”, quedando fuera del alcance de la Ley de Transparencia.
El canciller Elmer Schialer anunció que el proceso se llevará a cabo “a marcha forzada” y lo más rápido posible, mientras que el ministro de Justicia, Juan Alcántara, aseguró que los resultados de la evaluación se darán durante la actual gestión.
Estrategia de debilitamiento
La posición del Ejecutivo confirma una estrategia de debilitamiento de los mecanismos internacionales de supervisión en materia de derechos humanos. Desde distintos sectores se advierte que este discurso nacionalista, sostenido por la presidenta Boluarte, sus ministros y aliados en el Congreso, busca justificar el desacato a las resoluciones de la Corte IDH en un contexto marcado por las graves denuncias por represión y violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
