En una decisión que ha generado controversia y cuestionamientos sobre el respeto a la separación de poderes, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha autorizado el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, a la ciudad de Ginebra, Suiza. Esta medida se ha concretado a pesar de que el funcionario tiene un impedimento de salida del país por 18 meses, dictado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La orden judicial, en efecto, prohíbe a Santiváñez abandonar el territorio nacional mientras es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.
La autorización, publicada a través de la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM en el diario oficial El Peruano, permite que el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) viaje del 6 al 11 de septiembre de 2025. El documento oficial justifica el permiso, argumentando que la presencia del ministro es crucial para participar en una serie de actividades de alto nivel con organismos internacionales. Entre las entidades mencionadas se encuentran el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Consejo de Derechos Humanos del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
La resolución detalla que el viaje tiene como objetivo “fortalecer la presencia del Estado peruano en espacios internacionales en materia de derechos humanos”, abordando temas de cooperación técnica y un “diálogo constructivo” con los órganos de las Naciones Unidas. Este argumento, sin embargo, contrasta con la gravedad de la orden judicial que pesa sobre el ministro, lo que ha levantado sospechas sobre si esta autorización no es más que una maniobra para evadir la justicia.
¿Por qué Santiváñez tiene un impedimento de salida?
Para entender la controversia, es fundamental recordar el contexto de la medida judicial. El impedimento de salida por 18 meses fue dictado en junio de este año, como parte de la investigación que se le sigue al ministro Santiváñez por el presunto delito de tráfico de influencias. Este tipo de delito, sancionado por el Código Penal peruano, se configura cuando un funcionario público utiliza su cargo o su influencia para obtener beneficios indebidos para sí mismo o para terceros. La investigación se inició por denuncias que sugerían un uso indebido de su posición para favorecer a determinadas personas o grupos.
La decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se basó en la necesidad de asegurar la presencia del imputado durante el proceso de investigación y evitar su fuga del país. Este tipo de medidas cautelares son comunes en casos de alta relevancia, donde la investigación puede verse comprometida si el investigado no se presenta ante la justicia. Por ello, la autorización del Poder Ejecutivo para que el ministro viaje al extranjero ha generado un profundo desconcierto en la opinión pública y en el sector judicial.
¿Cómo es posible que el Gobierno autorice un viaje si hay una orden judicial?
El pulso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es evidente en este caso. La autorización del Gobierno parece pasar por alto la orden de una instancia judicial superior. Legalmente, un impedimento de salida dictado por una corte es una medida vinculante y de obligatorio cumplimiento para cualquier ciudadano, independientemente de su cargo. La resolución suprema del Gobierno no tiene la potestad de anular o invalidar una orden judicial.
Este hecho plantea serias dudas sobre la independencia de poderes en el país. ¿Puede el Ejecutivo, a través de una resolución, desconocer una decisión de la Corte Suprema? La respuesta, según expertos en derecho constitucional, es un rotundo no. Una resolución de este tipo podría ser considerada nula de pleno derecho, y los funcionarios que la firmaron podrían enfrentar consecuencias legales por desacato o por obstrucción a la justicia.
La situación de Santiváñez pone en jaque la credibilidad del sistema de justicia y del propio Gobierno. La denuncia constitucional que ya pesa en su contra, y que el ministro calificó de “pobreza jurídica”, ahora cobra mayor relevancia. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué el Gobierno de Dina Boluarte se arriesga a desafiar al Poder Judicial por un funcionario que enfrenta una investigación tan delicada?
¿Qué implicancias tiene esta decisión para el Perú?
Esta autorización no solo es un problema legal, sino también ético y político. En el ámbito legal, abre un precedente peligroso donde los funcionarios del Gobierno podrían sentir que están por encima de la ley. En el plano ético, genera una percepción de impunidad y de uso de influencias para beneficio personal. Y en lo político, debilita la imagen del Gobierno de Boluarte, que ya enfrenta altos índices de desaprobación.
El caso de Santiváñez se convierte en un símbolo de la lucha entre el poder político y el poder judicial en el Perú. Mientras el ministro se prepara para viajar a Ginebra para hablar sobre “derechos humanos” en foros internacionales, su situación en casa es un claro ejemplo de la fragilidad del estado de derecho. La decisión de desafiar una orden judicial podría tener repercusiones no solo para el ministro, sino para todo el Ejecutivo, en un contexto de constantes crisis políticas y sociales.
Este incidente podría ser el detonante para que el Ministerio Público intensifique la investigación contra Santiváñez y para que el Congreso evalúe con mayor celeridad la denuncia constitucional en su contra. La opinión pública estará atenta a cada uno de sus movimientos, tanto en Suiza como a su regreso al país.
