La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
La denuncia fue dirigida al presidente del Congreso y marca el inicio de un proceso que podría derivar en una eventual inhabilitación política o responsabilidad penal para el exfuncionario. El caso ha encendido las alarmas en el escenario político por su impacto en el Ejecutivo y las posibles conexiones con recientes investigaciones periodísticas.
Fundamentos legales de la denuncia contra Santiváñez
Según el documento presentado, la Fiscalía acusa a Santiváñez de haber incurrido en actos que comprometieron la imparcialidad y legalidad de su gestión como ministro del Interior, afectando directamente los intereses del Estado.
La denuncia se sustenta en:
- Artículo 99 de la Constitución Política
- Ley N.° 27399
- Artículo 450 del Código Procesal Penal
- Artículo 89 del Reglamento del Congreso
El presunto delito de negociación incompatible ocurre cuando un funcionario público se interesa, directa o indirectamente, en contratos u operaciones bajo su competencia, generando un conflicto entre interés público e interés personal.
Posibles vínculos con reportajes periodísticos
Aunque la denuncia de la Fiscalía no menciona de manera explícita otros elementos, su presentación coincide con la difusión de un reportaje de Cuarto Poder, que reveló la existencia de una presunta maquinaria para mejorar la imagen pública del actual ministro de Justicia.
El reportaje sugiere que algunas decisiones tomadas durante la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior podrían estar relacionadas con estas operaciones de comunicación. Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado si dichos hallazgos forman parte del sustento probatorio de la denuncia.
Qué sigue ahora: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
El caso pasará ahora a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá evaluar si la denuncia es admitida o rechazada.
Si se admite, se abrirá una fase de investigación preliminar que incluirá:
- Presentación de descargos por parte de Santiváñez.
- Revisión de documentos y pruebas.
- Elaboración de un informe final con recomendaciones.
El proceso podría llegar hasta el pleno del Congreso, donde se definiría una eventual inhabilitación política o una acusación penal contra el exministro.
