El expresidente Pedro Castillo recibió un nuevo golpe a su estrategia de defensa. El Poder Judicial declaró improcedente el hábeas corpus presentado por su defensa, que buscaba anular el juicio oral que enfrenta por su intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso el 7 de diciembre de 2022. La decisión fue adoptada por la jueza constitucional Ana Osorio, quien concluyó que el proceso se ha desarrollado con respeto al debido proceso y sin vulneraciones a los derechos fundamentales del exmandatario.
Este fallo reafirma que el juicio oral seguirá adelante, pese a los intentos de la defensa de frenar las audiencias, y marca un precedente sobre la solidez del procedimiento judicial en uno de los casos más relevantes para la estabilidad democrática del país.
Rechazo contundente al hábeas corpus
El recurso presentado por el equipo legal de Castillo argumentaba que se habían vulnerado garantías constitucionales, alegando falta de imparcialidad del tribunal y limitaciones para ejercer una defensa adecuada. Sin embargo, la jueza Ana Osorio descartó dichas acusaciones tras evaluar los antecedentes del proceso.
En su resolución, Osorio sostuvo que Castillo contó con defensa técnica desde el inicio y dispuso de un tiempo razonable para preparar su estrategia legal. Además, subrayó que no existieron irregularidades que justificaran la suspensión del juicio.
“El hábeas corpus no puede utilizarse para dilatar procesos judiciales válidamente constituidos”, señala parte del fallo, que blinda la continuidad del proceso.
El trasfondo del golpe fallido del 7 de diciembre
El juicio oral contra Pedro Castillo se centra en los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema judicial mediante un mensaje televisado. El acto fue calificado como un intento de golpe de Estado que derivó en su destitución inmediata y posterior detención.
El Ministerio Público acusa a Castillo de rebelión, abuso de autoridad y grave atentado contra el orden constitucional. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión e inhabilitación política, lo que marcaría uno de los fallos más severos contra un expresidente en la historia reciente del Perú.
Pregunta clave: ¿Podrá la defensa de Castillo revertir este escenario judicial cada vez más adverso?
Un proceso con alto impacto político
La negativa del Poder Judicial no solo frena la estrategia legal de Castillo, sino que refuerza la narrativa institucional frente a un proceso judicial de alto contenido político. Para el oficialismo y parte de la oposición, este juicio representa una prueba de resistencia democrática, ya que aborda un intento explícito de quebrar el orden constitucional.
Sin embargo, los sectores que apoyan al exmandatario sostienen que Castillo es víctima de persecución política y que la respuesta del Congreso en 2022 fue “desproporcionada”. El fallo actual podría agudizar la polarización social, especialmente en regiones del sur y la Amazonía donde Castillo conserva respaldo popular.
Próximos pasos del caso Castillo
Pese a este revés, la defensa del exmandatario aún podría recurrir a instancias superiores mediante un recurso de apelación, aunque los especialistas señalan que el margen de éxito es limitado. El juicio oral continuará conforme al cronograma establecido por el Poder Judicial, con audiencias que serán seguidas de cerca tanto por la comunidad jurídica como por la ciudadanía.
Este proceso es considerado uno de los más importantes de los últimos años en el Perú, ya que no solo involucra a un expresidente en funciones, sino que también se enmarca en una crisis política prolongada que ha dejado profundas heridas institucionales.
Implicancias para la democracia peruana
El caso Castillo sigue siendo un espejo de las tensiones que enfrenta el país. El rechazo al hábeas corpus refuerza la posición del Poder Judicial como garante del orden constitucional, pero también reaviva el debate sobre la independencia de poderes y los límites de la justicia frente a los intereses políticos.
Mientras tanto, el juicio mantiene la atención pública al revelar vacíos en el sistema político y conflictos entre las instituciones del Estado. En este escenario, la estabilidad democrática y la credibilidad de las instituciones vuelven a estar en juego.
