La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, cumple este lunes su tercer día de huelga de hambre seca en protesta por lo que califica como un incumplimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que no habría procedido a trasladarla junto a otras internas por motivos de seguridad desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida por la investigación vinculada al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.
A través de un consentimiento informado emitido por el área de Salud Penitenciaria, Chávez Chino informó que asumió esta medida de manera “libre, voluntaria y consciente”, pese a conocer los altos riesgos para su salud. Según el documento, un médico del penal le advirtió que la ausencia de alimentos podría acelerar la desnutrición, pérdida de masa muscular y un deterioro multisistémico, con posibilidad de fallecimiento si mantiene su decisión.
¿Por qué Chávez decidió esta huelga de hambre seca?
En su comunicado, Chávez señaló que la protesta busca reivindicar su seguridad personal, alegando que el INPE no cumplió con la extracción conjunta de tres internas, lo que a su juicio vulnera sus derechos. Además, acusa al personal del penal, y en particular a la directora Nelly Aquino Guardales, de permitir que internas con poder adquisitivo ejerzan control sobre la institución a cambio de dádivas, generando un entorno de corrupción y abuso de poder.
La exfuncionaria también manifestó que rechaza cualquier intento de hidratación, alimentación, reanimación o traslado forzoso a un hospital, solicitando únicamente cuidados paliativos y alivio de síntomas, siempre con respeto a su dignidad.
Denuncias previas y contexto del conflicto
Desde julio de 2025, Chávez Chino denunció maltratos, corrupción, chantaje sexual y cobro de cupos dentro del penal. El 15 de julio anunció su primera huelga de hambre, y el 19 de agosto decidió radicalizar la medida, acompañando su protesta con una carta testamentaria en la que reporta maltratos físicos y abusos.
El 22 de agosto, el INPE informó que no existen elementos que corroboren las presuntas amenazas señaladas por Chávez y precisó que el traslado a otro penal, como Tacna, debía ser solicitado formalmente por la interna para su evaluación.
Reacciones oficiales
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, calificó la medida de Chávez como un intento de politizar su situación, indicando que debía respetar las normas y reglas penitenciarias vigentes para todos los internos.
Mientras tanto, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 25 años de prisión contra Betssy Chávez y su inhabilitación por 2 años y 6 meses para ejercer cargo público, acusándola como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
Riesgos médicos de la huelga de hambre seca
Expertos en medicina señalan que la huelga de hambre seca es una medida de protesta de alto riesgo, ya que la ausencia total de líquidos y alimentos puede derivar en deshidratación severa, insuficiencia renal, desequilibrio electrolítico y fallo multisistémico en pocos días. Por ello, las autoridades sanitarias penitenciarias deben monitorear de cerca la salud de los internos que adoptan este tipo de medida.
En el caso de Chávez, el documento oficial deja constancia de que comprende los riesgos, pero mantiene su decisión, enfatizando que busca preservar su autonomía y dignidad, rechazando cualquier intervención forzada.
Implicaciones políticas y judiciales
La huelga de hambre de Chávez se da en un contexto de alta tensión política, ya que su caso está vinculado a la administración de Pedro Castillo y al intento de golpe de Estado de 2022. La protesta no solo plantea un riesgo sanitario inmediato, sino que también genera presión sobre el INPE, el Poder Judicial y el Ejecutivo, ante la percepción de que sus denuncias de maltrato podrían tener fundamento institucional o político.
Este escenario pone de manifiesto la delicada situación de los internos con procesos de alta repercusión política, así como la necesidad de respetar los derechos humanos y protocolos sanitarios dentro del sistema penitenciario.
¿Qué sigue en los próximos días?
La evolución del estado de salud de Chávez será clave para determinar si la huelga de hambre seca continúa o si se adopta alguna medida de protección médica. Paralelamente, la justicia deberá avanzar con la investigación y el eventual juicio por los delitos que se le imputan, mientras el INPE enfrenta la presión pública sobre la gestión del penal y la seguridad de las internas.
