¿Qué ocurrió en Palacio de Gobierno este 23 de agosto?
La presidenta Dina Boluarte realizó este sábado 23 de agosto una ceremonia oficial en la Sala Eléspuru del Palacio de Gobierno para tomar juramento a tres nuevos ministros de Estado, en un movimiento que apunta a reconfigurar su gabinete en medio de una creciente crisis política y una baja aprobación ciudadana.
Los cambios afectan las carteras de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social, y Mujer y Poblaciones Vulnerables. El regreso al Ejecutivo de Juan José Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso hace menos de seis meses, ha generado polémica y cuestionamientos sobre los criterios que Boluarte utiliza para designar a su equipo de confianza.
¿Quiénes son los nuevos ministros y qué implica su nombramiento?
Los ministros que juraron al cargo son los siguientes:
- Juan José Santiváñez asume el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara Medrano.
- Ana Peña Cardoza es la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lugar de Fanny Montellanos.
- Fanny Montellanos, por su parte, fue trasladada al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en reemplazo de Leslie Urteaga.
Este reordenamiento ocurre mientras el gobierno de Boluarte busca mayor eficiencia operativa, aunque diversos sectores interpretan los cambios como un intento por contener el descontento ciudadano y las presiones de aliados políticos.
¿Por qué genera polémica el regreso de Juan José Santiváñez?
El caso de Juan José Santivánez es el más controvertido. Fue censurado por el Pleno del Congreso en marzo de 2025, cuando se desempeñaba como ministro del Interior, debido a su incapacidad para gestionar la seguridad ciudadana. Obtuvo 79 votos a favor de la censura, lo que obligó a su salida del Ejecutivo.
Pese a ese antecedente reciente, fue reincorporado poco después como jefe de la Oficina General de Monitoreo Gubernamental, cargo considerado de confianza directa. Su regreso como titular de Justicia ha reactivado el debate sobre el respeto a los controles políticos, la meritocracia en la función pública y la independencia del sistema de justicia.
¿Qué busca Dina Boluarte con estos cambios?
La jefa de Estado enfrenta una de sus etapas más críticas en el poder, con niveles de desaprobación que superan el 75%, según encuestas recientes. La falta de resultados visibles en temas clave como la seguridad, la lucha contra la corrupción y el desarrollo social ha socavado su respaldo tanto en Lima como en regiones.
En ese contexto, estos cambios en el gabinete parecen formar parte de una estrategia de reestructuración liderada por el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien coordina internamente la reconfiguración de perfiles ministeriales para dar un nuevo impulso a la gestión.
No obstante, la inclusión de figuras cuestionadas, como Santivánez, podría debilitar aún más la narrativa de renovación y generar un efecto contrario al esperado.
¿Qué retos enfrentan los nuevos ministros?
Los retos para las tres carteras no son menores:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Santivánez deberá demostrar no solo su conocimiento técnico en justicia, sino también capacidad política para restablecer la confianza en la independencia judicial, gestionar adecuadamente los procesos de extradición, garantizar derechos fundamentales y articular con el Poder Judicial y el Ministerio Público, instituciones con las que mantiene una relación tensa.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ana Peña asume una cartera golpeada por las limitaciones presupuestarias y la falta de políticas efectivas para prevenir la violencia de género. Su tarea urgente será reforzar los Centros de Emergencia Mujer (CEM), ampliar la cobertura del programa AURORA y mejorar la respuesta interinstitucional en los casos de violencia familiar.
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Fanny Montellanos tendrá el desafío de relanzar programas sociales claves como Juntos, Pensión 65 y Qali Warma, con enfoque territorial y pertinencia cultural, especialmente en zonas de extrema pobreza y aislamiento. Su éxito dependerá de una articulación real con gobiernos regionales y locales.
¿Qué reacciones ha generado la reestructuración ministerial?
Diversos analistas políticos y voces desde el Congreso ya han expresado reservas sobre estos nombramientos. La rehabilitación política de un ministro censurado sienta un precedente polémico y deja en entredicho el papel fiscalizador del Parlamento.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo la renovación ministerial, esperando acciones concretas y resultados medibles más allá de ceremonias formales.
¿Qué está en juego para el Gobierno?
Este reajuste podría marcar un punto de inflexión para la administración Boluarte. En un entorno de fragilidad institucional, pérdida de legitimidad y descontento social, la eficacia de los nuevos ministros será determinante para la supervivencia política del actual gabinete.
Si no logran resultados rápidos y sostenibles, no solo aumentará la presión política, sino también la posibilidad de nuevas crisis al interior del Ejecutivo.
