El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado oficial para pronunciarse sobre las recientes denuncias de la interna Betssy Chávez Chino, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Chávez aseguró ser víctima de maltrato, hostigamiento y amenazas que pondrían en riesgo su vida.
En respuesta, el INPE señaló que no existen pruebas que respalden dichas acusaciones y que las investigaciones preliminares realizadas por la Oficina de Asuntos Internos (OAI) no hallaron indicios de irregularidades o delitos dentro del establecimiento penitenciario.
El caso de Betssy Chávez, condenada por el presunto delito de rebelión y procesada por otros cargos vinculados al fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, vuelve así a colocarse en el centro del debate público, mientras continúa su cumplimiento de pena en la capital.
Investigación interna: sin evidencias de amenazas
El comunicado del INPE, identificado como Comunicado N.° 44-2025, detalla que la OAI se desplazó hasta el penal para realizar indagaciones preliminares y emitió el Informe N.° D000015-2025-INPE-OAI-GJPS, fechado el 16 de julio. En dicho documento, se concluye que no hay elementos probatorios que indiquen la existencia de actos ilícitos relacionados con cohecho, organización criminal o amenazas contra la interna.
Respecto a las presuntas amenazas contra su integridad personal, el INPE remitió un oficio a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 18 de agosto, en el cual se precisa que la investigación administrativa tampoco halló indicios de hostigamiento hacia Chávez dentro del establecimiento penitenciario.
Betssy Chávez y su pedido de traslado
Otro de los puntos abordados en el comunicado es el posible traslado de la ex primera ministra a otro centro penitenciario. El INPE recordó que cualquier solicitud de este tipo debe ser presentada por la propia interna para ser evaluada de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Hasta el momento, Chávez no ha ingresado formalmente dicha solicitud, por lo que su permanencia en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos continúa sin cambios. La institución remarcó que, de ser presentada, la petición será evaluada bajo criterios de seguridad, salud y régimen penitenciario, considerando además la disponibilidad en otros establecimientos.
¿Hay riesgo real para su integridad?
Las denuncias de Betssy Chávez han generado preocupación mediática y debate en redes sociales sobre la seguridad de figuras políticas recluidas. Sin embargo, el INPE insiste en que no existen evidencias que confirmen un riesgo para su vida.
“El INPE seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de la población penitenciaria, como parte de la garantía de sus derechos fundamentales”, señala el comunicado.
A pesar de estas declaraciones, especialistas en materia penitenciaria consideran que casos como este reflejan la necesidad de protocolos claros de prevención para internas de alto perfil político, a fin de evitar conflictos internos y proteger la integridad personal de quienes cumplen condenas sensibles.
Contexto judicial y político
La situación de Betssy Chávez se enmarca en el proceso judicial abierto tras el intento de disolver el Congreso por parte del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Como parte del entorno más cercano del exmandatario, la ex primera ministra enfrenta cargos por rebelión y otros delitos conexos.
Chávez ha sido una figura clave en la investigación, y su reclusión en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos ha estado bajo el escrutinio de la opinión pública. Este reciente episodio añade presión sobre las autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad y condiciones adecuadas de las internas vinculadas a procesos políticos.
¿Podría Betssy Chávez ser trasladada a otro penal ante sus denuncias de hostigamiento, o permanecerá en Chorrillos bajo supervisión especial?
La respuesta dependerá de si Chávez formaliza su solicitud y de la evaluación del INPE. Por ahora, la institución mantiene su postura: no hay pruebas de amenazas y su custodia sigue bajo los procedimientos habituales.
