La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez Chino, actualmente recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, ha retomado su huelga de hambre en una acción radical que incluye la difusión de una carta testamentaria. En ella, denuncia supuestos abusos dentro del establecimiento penitenciario, responsabiliza al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y solicita una última videollamada con sus padres para despedirse.
La misiva, hecha pública por su abogado Raúl Noblecilla, revela el deteriorado estado anímico y físico de la exfuncionaria, procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el expresidente Pedro Castillo.
“Me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE”, señala Chávez en la carta difundida el 19 de agosto.
Fiscalía pide 25 años de cárcel por rebelión
La situación legal de Betssy Chávez es crítica. La Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años de prisión tras acusarla como presunta coautora del delito de rebelión, en agravio del Estado. La tesis fiscal sostiene que Chávez participó activamente en el intento de disolución inconstitucional del Congreso por parte de Pedro Castillo.
El juicio oral está en marcha, y según su defensa, la exministra enfrenta estas circunstancias en un entorno penitenciario hostil, con condiciones que califican como inhumanas.
Carta con tintes de despedida: pide traslado de restos y última llamada
Uno de los puntos más sensibles de la carta es la solicitud para que, en caso de su fallecimiento, sus restos sean entregados a su abogado Raúl Noblecilla y trasladados a su ciudad natal, Tacna. Además, pide una videollamada final con sus padres, lo que ha generado gran preocupación en el entorno político y social.
“Quiero despedirme de mis padres por videollamada. Mis restos deben ser trasladados a Tacna por mi abogado”, expresó en la carta, con tono grave y desesperado.
Denuncias de corrupción y abuso en el penal
Esta nueva huelga no es un hecho aislado. El pasado 10 de julio, durante una audiencia judicial, Betssy Chávez denunció públicamente ser víctima de chantaje sexual, cobro de cupos y sobornos dentro del penal.
Señaló directamente a la directora del centro penitenciario, Nelly Aquino Guardales, como principal responsable del presunto descontrol y corrupción al interior del establecimiento.
“La señora directora ha convertido el penal en su patio trasero. Internas con poder adquisitivo son tratadas como dueñas del penal a cambio de dádivas”, declaró en su momento.
Según su testimonio, prácticas como el pago por celdas, extorsión sexual y manejo privilegiado de los economatos serían moneda corriente en el penal.
Acusaciones directas contra el Estado y el INPE
En su carta, Chávez responsabiliza directamente al Instituto Nacional Penitenciario, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, por el deterioro de su salud física y emocional. Además, menciona a la presidenta Dina Boluarte, afirmando que el INPE “responde directamente” a su mandato.
Este señalamiento sugiere una denuncia de persecución política y maltrato sistemático desde el Estado, algo que ya había mencionado anteriormente en declaraciones públicas.
¿Qué dice el INPE?
Hasta el momento de esta publicación, el INPE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el nuevo episodio de huelga de hambre ni sobre la carta publicada por la defensa legal de Chávez. Tampoco se han confirmado inspecciones extraordinarias en el penal de Chorrillos por parte del Ministerio de Justicia o entes fiscalizadores.
No obstante, el caso ha generado presión mediática y política, por lo que se espera un pronunciamiento en las próximas horas.
Chávez, símbolo de la crisis post-Castillo
El caso de Betssy Chávez se ha convertido en uno de los más representativos del contexto de crisis institucional que siguió al colapso del gobierno de Pedro Castillo. Como una de sus colaboradoras más cercanas, su rol en los momentos previos y posteriores al intento de golpe es materia clave en el proceso judicial.
Desde el penal, la exministra mantiene su inocencia, alegando motivaciones políticas detrás de su detención.
El caso también ha abierto debate sobre las condiciones penitenciarias para internas procesadas por delitos políticos o de alta exposición pública, así como sobre los límites del poder estatal dentro de los penales.
¿Qué sigue en el proceso?
Pese a su estado de salud y la radicalización de sus medidas de protesta, el juicio oral contra Betssy Chávez continúa. Su defensa ha solicitado medidas humanitarias urgentes, incluyendo la supervisión de su salud por entes independientes.
El Ministerio Público, por su parte, ha reafirmado la gravedad de los delitos imputados y la responsabilidad de Chávez como parte de un intento sistemático de subvertir el orden democrático.
Caso Chávez, entre la política, la salud y los derechos humanos
La radicalización de la protesta de Betssy Chávez pone nuevamente en la mira las condiciones del sistema penitenciario, la independencia de los procesos judiciales y el tratamiento a figuras políticas en prisión.
El desenlace de su situación podría tener implicancias no solo en el ámbito legal, sino también en el ya polarizado escenario político nacional.
