En menos de 48 horas tras su promulgación, la Ley de Amnistía firmada por la presidenta Dina Boluarte enfrenta un fuerte embate en el Congreso. Los parlamentarios Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y Alfredo Pariona (Bancada Socialista) han presentado proyectos para derogar la norma, argumentando que constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y abre la puerta a la impunidad en casos de violaciones cometidas durante la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000.
¿Qué dice la Ley de Amnistía?
La norma, promulgada el miércoles en una ceremonia en Palacio de Gobierno con presencia de ministros y congresistas afines, otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa implicados en delitos cometidos en el marco del conflicto interno. Entre los impulsores en el Parlamento figuran Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia).
La medida ha sido rechazada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. A nivel internacional, recibió críticas del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, y de Andrea Pochack, comisionada de la CIDH.
Argumentos para su derogatoria
El congresista Edgard Reymundo sostiene que la norma vulnera derechos fundamentales y podría afectar directamente 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en curso, según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Esto, advierte, atentaría contra el derecho de las víctimas a la justicia y reparación.
Reymundo enfatiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada que las amnistías por violaciones graves son inadmisibles y que delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o tortura son imprescriptibles.
“Retroceso en la lucha por los derechos humanos”
En su proyecto, Alfredo Pariona califica la ley como un retroceso histórico, ya que “otorga impunidad” a responsables de graves violaciones. Recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prohíbe amnistías en estos casos desde 1992 y cita precedentes emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde la Corte IDH anuló disposiciones similares en Perú.
Pariona subraya que el Tribunal Constitucional ya determinó que el Congreso no puede amparar en leyes de amnistía a delitos de lesa humanidad, pues ello contradice el fin supremo de la Constitución: la defensa de la persona y su dignidad.
Un debate de alto voltaje político y jurídico
La controversia se da en un contexto de alta polarización política. Mientras sectores oficialistas defienden la norma como un acto de “reconocimiento” a quienes combatieron el terrorismo, opositores alertan que se estaría debilitando el sistema de justicia y desafiando obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido.
El punto neurálgico del debate gira en torno a una pregunta clave: ¿Puede una ley nacional anular los compromisos del Perú en materia de derechos humanos ante organismos internacionales?
Próximos pasos en el Congreso
Ambos proyectos de derogatoria deberán pasar por las comisiones correspondientes antes de llegar al Pleno. La correlación de fuerzas será decisiva, ya que la ley cuenta con un grupo parlamentario sólido que la respalda, pero también enfrenta una presión nacional e internacional creciente para ser anulada.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas han anunciado movilizaciones y acciones legales para frenar la aplicación de la Ley de Amnistía.
