El futuro de la Ley de Amnistía en Perú, que busca beneficiar a militares, policías y miembros de comités de autodefensa implicados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, sigue siendo un tema de intenso debate. Juan Alcántara, ministro de Justicia, informó este miércoles que el Ejecutivo peruano tiene hasta el 15 de agosto para pronunciarse sobre si promulgará, observará o rechazará esta ley. En medio de la controversia, la decisión final se tomará en conjunto con los ministerios del Interior y de Defensa.
¿Qué es la Ley de Amnistía y qué implica?
La Ley de Amnistía contempla dos casos específicos para otorgar beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP) y los comités de autodefensa:
- Para aquellos sin sentencia firme, es decir, miembros de las fuerzas del orden que están siendo investigados o procesados por presuntos delitos ocurridos durante el conflicto armado interno en las décadas de los 80 y 90.
- Para adultos mayores de 70 años que ya hayan sido sentenciados y cuenten con una sentencia firme o estén en proceso de ejecución.
El propósito de esta ley es ofrecer una salida jurídica a aquellos que participaron en el enfrentamiento con los grupos terroristas, en medio de un conflicto que dejó más de 60,000 víctimas y causó heridas profundas en la sociedad peruana. Sin embargo, la ley también ha sido criticada por quienes creen que podría dar lugar a impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
¿Por qué la Ley de Amnistía está generando controversia en Perú?
La ley ha provocado un fuerte debate. Por un lado, existen quienes consideran que el beneficio es necesario para reparar lo que consideran injusticias contra los miembros de las fuerzas del orden que enfrentaron la amenaza terrorista. En este sentido, se argumenta que muchos de estos adultos mayores, que fueron protagonistas de una guerra contra el terrorismo, merecen una oportunidad de rehabilitación, especialmente por su avanzada edad.
Sin embargo, opositores de la ley sostienen que este beneficio podría hacer que se perpetúe la impunidad para aquellos responsables de violaciones a los derechos humanos durante la lucha contra los terroristas. Las críticas apuntan a que se podría pasar por alto el sufrimiento de las víctimas civiles y de quienes fueron víctimas de abusos por parte de las fuerzas del orden.
El 15 de agosto: ¿Qué decisión tomará el Ejecutivo?
El ministro de Justicia, Juan Alcántara, explicó que el Ejecutivo tiene plazo hasta el 15 de agosto para emitir su pronunciamiento sobre la ley. Si bien su ministerio ha adelantado que su opinión es favorable a la ley, la decisión final dependerá de una postura conjunta con los ministerios de Defensa e Interior, los cuales también tienen un papel crucial en la discusión.
“La opinión del Ministerio de Justicia no es la que va a definir la postura del Ejecutivo”, señaló Alcántara, al indicar que el gobierno prefiere una postura unificada sobre un tema tan sensible para la sociedad peruana. Por lo tanto, la decisión podría afectar el rumbo de esta ley y la percepción que los peruanos tienen sobre la justicia y la reparación de víctimas de terrorismo.
Controversia sobre Santa Rosa y el papel del presidente Gustavo Petro
En paralelo, otro tema ha irrumpido en la agenda política: las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cuestionó la soberanía de Perú sobre la comunidad de Santa Rosa en la isla Chinería, en la frontera entre ambos países. Este conflicto ha agregado tensión a las relaciones diplomáticas, aunque el ministerio de Justicia de Perú dejó claro que Santa Rosa es territorio peruano.
Alcántara fue enfático al señalar que la soberanía de la isla está respaldada por los tratados internacionales como el Tratado Salomón Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que han sido ratificados por ambos países. “Santa Rosa es peruana. No es porque lo diga el ministro de Justicia, sino porque así lo dicen los tratados, así lo dicen las coordenadas”, afirmó el ministro.
¿Cómo debería manejarse la situación diplomática con Colombia?
La controversia sobre Santa Rosa no solo afecta las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino también la estabilidad interna del Perú. El Ejecutivo peruano ha subrayado que este tema debe abordarse de manera diplomática y con el debido profesionalismo por parte de la Cancillería peruana, que se encargará de gestionar la controversia de manera que se evite una escalada innecesaria del conflicto.
¿Qué implicaciones tiene la Ley de Amnistía para la política interna y las relaciones internacionales de Perú?
La promulgación de la ley, que de ser aprobada podría generar un fuerte impacto en la política interna de Perú, también tiene repercusiones en las relaciones internacionales, especialmente con organizaciones de derechos humanos. Si el Ejecutivo decide promulgarla, deberá asegurar que se cumpla con los tratados internacionales que Perú ha firmado, mientras se busca equilibrio entre la justicia, la reconciliación y la paz social.
Por otro lado, las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la soberanía de Perú también podrían afectar las relaciones diplomáticas y tener implicancias en futuras negociaciones de frontera y acuerdos bilaterales. En este sentido, el gobierno peruano ha reiterado que la diplomacia será clave para resolver este tipo de controversias sin afectar las relaciones entre los dos países.
Conclusión: ¿Qué se espera de la decisión del Ejecutivo?
El pronunciamiento del Ejecutivo peruano sobre la Ley de Amnistía será crucial para definir el rumbo de la justicia en Perú, especialmente en un contexto de creciente polarización. La decisión no solo impactará a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa, sino también a las víctimas del conflicto armado y al futuro de la reconciliación en el país. Mientras tanto, la controversia sobre Santa Rosa y las declaraciones del presidente colombiano añaden un nuevo desafío diplomático para el gobierno de Dina Boluarte.
Este tema continuará siendo de interés nacional y, probablemente, será un factor determinante en las decisiones políticas que tomen los próximos meses. Con una postura conjunta esperada para el 15 de agosto, ¿cómo gestionará el gobierno peruano estos delicados temas?
