Fiscalía acorrala a Luna Gálvez: piden más de 22 años de prisión por presunta inscripción fraudulenta de Podemos Perú

El Ministerio Público acusa al congresista y fundador de Podemos por el Progreso del Perú de liderar una red criminal que infiltró la ONPE para inscribir ilegalmente su partido político. Entre los implicados también figuran su hijo, exfuncionarios del CNM y la universidad Telesup.

por Edgar Mandujano

¿Qué delitos se le imputan a Luna Gálvez?

El Ministerio Público ha solicitado 22 años y 8 meses de prisión contra el congresista José Luna Gálvez, actual representante de Podemos Perú, por su presunta participación en una organización criminal que habría cometido irregularidades en la inscripción de su partido político ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La acusación fue formalizada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada – Equipo 3, que imputa al también fundador de la Universidad Telesup por los delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado.

Este pedido marca un nuevo capítulo judicial para Luna Gálvez, quien ya enfrenta investigaciones por presuntos aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante las campañas electorales de su anterior partido, Solidaridad Nacional, en 2011 y 2014.


¿Quiénes más están implicados?

La acusación fiscal no solo involucra al parlamentario. También incluye penas severas para varios de sus presuntos cómplices, entre ellos:

  • José Luna Morales, hijo de Luna Gálvez y actual regidor municipal: 16 años y 4 meses por los mismos delitos.
  • José Cavassa, exasesor electoral: 16 años y 4 meses por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
  • Guido Águila y Sergio Noguera, exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): 26 años de prisión cada uno por cohecho pasivo específico, enriquecimiento ilícito y participación en la red criminal.

Además, se solicita 10 años y 4 meses de prisión para exfuncionarios de la ONPE involucrados en el caso, junto con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por casi cuatro años. A estas penas se suman multas de entre 200 y 850 días-multa para todos los imputados.


¿Por qué la universidad Telesup y Podemos Perú también fueron sancionados?

El pedido fiscal incluye sanciones económicas contra las personas jurídicas implicadas:

  • Universidad Telesup: multa de 500 UIT (equivalente a S/ 2,775,000).
  • Partido Podemos por el Progreso del Perú: multa de 250 UIT (S/ 1,337,500).

La acusación fue remitida al juez Jorge Chávez Tamariz, quien liderará la etapa intermedia o de control de acusación, donde las partes podrán formular observaciones o pedir exclusiones antes de que se decida la apertura del juicio oral.


¿Cómo operó la presunta red criminal?

Según la fiscalía, la red habría ejecutado su plan en tres fases claramente diferenciadas:

Fase 1: Control de la ONPE desde el CNM

La red captó a miembros del extinto CNM, con beneficios provenientes de Telesup, para impedir la ratificación de Mariano Cucho como jefe de la ONPE y, en su lugar, designar a Adolfo Castillo, presuntamente afín a los intereses de Luna Gálvez.

Fase 2: Copamiento de cargos clave

Ya en el poder, Castillo designó a funcionarios con vínculos previos con la organización, como extrabajadores de Telesup. Este copamiento interno permitió controlar los procedimientos de inscripción y fiscalización electoral dentro de la ONPE.

Fase 3: Inscripción irregular de Podemos Perú

El objetivo final: inscribir a Podemos Perú con ayuda de verificaciones exprés y sin cumplir los requisitos formales de legalidad. Esto habría vulnerado directamente la normativa electoral, afectando la transparencia del sistema democrático.


¿Cuál es la situación legal actual?

Además del pedido de prisión, el Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país por 18 meses para 10 imputados, con el fin de asegurar su presencia durante las diligencias judiciales.

La decisión final sobre el inicio del juicio dependerá del juez Chávez Tamariz, quien deberá evaluar si la acusación fiscal cumple con los requisitos procesales para pasar a la etapa oral.

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