La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. La acusación también alcanza a 28 congresistas de diferentes bancadas y a exministros de Estado, en un caso que revela un presunto esquema de corrupción estructurado desde las más altas esferas del poder ejecutivo y legislativo durante el periodo 2021–2022.
La denuncia, sustentada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, sostiene que Castillo habría liderado una organización criminal cuya finalidad era captar votos en el Congreso a cambio de contratos y designaciones en diversos ministerios y organismos estatales. Entre los involucrados se encuentran los congresistas de Acción Popular conocidos como “Los Niños”, miembros del Bloque Magisterial y parlamentarios de Perú Libre, además de ministros de Transportes, Vivienda, Producción y Trabajo.
Red en el MTC: contratos direccionados y ministros implicados
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue uno de los principales focos de operación de la red criminal. La denuncia detalla que el exministro Juan Francisco Silva actuó como pieza clave para el copamiento del sector, favoreciendo a empresas peruanas y chinas con licitaciones de PROVÍAS Nacional. Siete contratos específicos fueron otorgados presuntamente de manera irregular a compañías vinculadas a los hermanos Roberto y Alexander Aguilar Quispe.
Los delitos se habrían materializado mediante el uso de testaferros y estructuras paralelas de poder, todo con el conocimiento y respaldo de Pedro Castillo. En este tramo, se le imputa al exmandatario colusión agravada en calidad de instigador.
El caso SENCICO y Vivienda: favores políticos a cambio de cargos
La Fiscalía también documenta cómo los congresistas Juan Mori e Ilich López, con apoyo de Darwin Espinoza, coparon puestos clave en SENCICO, una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. Siete funcionarios fueron designados mediante resoluciones supremas y directivas internas, beneficiando a personas cercanas a los legisladores.
De otro lado, se incluye a Karol Paredes, quien habría solicitado el financiamiento de dos obras de saneamiento en la región San Martín a cambio de su respaldo político a Castillo en votaciones clave. Las obras fueron incorporadas a normas con rango de ley durante su gestión.
Producción, atún y designaciones dirigidas
En el Ministerio de la Producción, el exministro Jorge Prado también habría sido colocado a pedido de los congresistas investigados. Una vez en el cargo, según la carpeta fiscal, procedió a designar a más de 20 funcionarios de confianza, permitiendo que la red intervenga en modificaciones del ordenamiento pesquero, especialmente en el sector del atún, favoreciendo a empresas específicas.
Este patrón de copamiento y manipulación de contratos públicos muestra un modelo sistemático: congresistas obtenían beneficios en sus regiones, ministros ganaban respaldo político y el presidente consolidaba su permanencia en el cargo.
OPDs, Migraciones y EsSalud: el Estado como botín
La denuncia también detalla cómo la organización criminal se infiltró en diversas oficinas públicas descentralizadas (OPDs), como SUNAFIL, ESSALUD y la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, el congresista Américo Gonza habría intervenido directamente para que se nombre al general Javier Gallardo como comandante general de la PNP. En Migraciones, se señala que Carlos Alva y Carlos Zeballos intercedieron para direccionar una millonaria licitación de pasaportes electrónicos, por un monto de S/14 millones.
Incluso se menciona que el excongresista Enrique Wong (fallecido) ofreció influencias en ENAPU y otras empresas públicas a cambio de favores políticos que evitaran la censura del entonces ministro de Transportes.
Una denuncia sin precedentes
La carpeta fiscal 204-2022 fue abierta el 5 de mayo de 2022 y tiene como fecha de vencimiento el 4 de mayo de 2025. Es considerada una de las denuncias constitucionales más amplias y complejas que ha tramitado el Ministerio Público en los últimos años. Involucra delitos que habrían ocurrido en varios ministerios y entidades públicas bajo una estructura jerárquica con Pedro Castillo a la cabeza.
La resolución deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que podría abrir la vía para acusaciones formales, suspensiones o inhabilitaciones políticas, dependiendo del avance del proceso parlamentario.
