El Congreso de la República aprobó, el pasado 14 de junio, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda inhabilitar por diez años a la ex primera ministra Mirtha Vásquez para ejercer cargos públicos. La acusación se basa en presuntas infracciones constitucionales cometidas durante su presidencia interina del Congreso en 2021. Con 12 votos a favor y tres abstenciones, el informe señala que Vásquez habría utilizado su cargo para beneficiar a personas cercanas con resoluciones administrativas irregulares.
Entre las acusaciones que se detallan en el informe, se destacan aumentos salariales irregulares para funcionarios de su entorno y la omisión de medidas sanitarias durante la emergencia por la COVID-19, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores del Congreso. Estos hechos habrían vulnerado principios de legalidad y ética pública, constituyendo, según el informe, una infracción al artículo 39 de la Constitución, que establece los deberes de los funcionarios públicos.
La recomendación de inhabilitación política debe ser evaluada por la Comisión Permanente del Congreso, y luego pasará a votación en el Pleno. Para que la inhabilitación sea aprobada, se requerirá el respaldo de al menos 66 congresistas. Mientras tanto, Mirtha Vásquez ha expresado su rechazo a las acusaciones, calificando el proceso de “abuso de poder” y denunciando que responde a motivaciones políticas más que jurídicas.
En respuesta a la acusación, Vásquez utilizó sus redes sociales para rechazar el informe, asegurando que las acusaciones no están basadas en pruebas sólidas. Además, señaló que este proceso podría sentar un grave precedente para la institucionalidad democrática del país y anunció que se defenderá en las siguientes instancias legislativas.