Un reportaje de Cuarto Poder ha revelado que la Mesa Directiva del Congreso de la República ha estado contratando personal sin la realización de concursos públicos ni la exigencia de requisitos académicos o experiencia mínima. Según la investigación, este procedimiento se lleva a cabo a través de un acuerdo aprobado en diciembre de 2022, que permite a los legisladores contratar asesores de confianza solo con el aval del presidente del Congreso, sin mayor control o justificación.
El acuerdo en cuestión, el Acuerdo de Mesa N.° 072-2022-2023/MESA-CR, aprobado durante la presidencia de José Williams (Avanza País), ha permitido un incremento en los gastos del Congreso destinados a personal adicional. En solo nueve meses de gestión bajo la presidencia de Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), el Congreso gastó más de S/3.5 millones en estos contratos, una cifra alarmante que refleja la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Este tipo de contrataciones no ha estado exento de controversias, y algunos analistas han señalado que este aumento en la contratación de personal está motivado por intereses políticos, con el fin de pagar favores a diversos sectores. Alejandro Rospigliosi, analista parlamentario, sugirió que esta “sobrepoblación laboral” responde a una alianza administrativa dentro del Congreso, con miras a garantizar la supervivencia política de los legisladores hasta el 2026.
Uno de los casos más polémicos mencionados en el reportaje es el de Jimmy Torres, quien, sin haber participado en ningún concurso público, fue contratado como asesor del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Torres, quien enfrenta investigaciones por vínculos con la minería ilegal, justificó su nombramiento como un “cargo de confianza”. La contratación de Torres y otros personajes cuestionados ha generado fuertes críticas por la falta de control en los procesos de selección, así como por el gasto de los recursos públicos sin justificación adecuada.