MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha accedido a una petición de la Administración de Donald Trump para eliminar un programa que ha permitido a 532.000 personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela vivir y trabajar en el país norteamericano, fruto de una medida dictada durante la etapa de Joe Biden en la Casa Blanca.
La decisión del Supremo abre la puerta a la expulsión de más de medio millón de personas que pudieron en su día entrar legalmente en Estados Unidos tras solicitar desde el extranjero su incorporación a este programa, al que ahora Trump quiere poner fin dentro de una batería de medidas para limitar la llegada de migrantes.
La orden, sin embargo, se topó en un primer momento con un bloqueo ordenado por un juez federal de Massachusetts que entendía que la Administración no podía adoptar este tipo de medidas masivas sin una evaluación caso por caso. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, elevó una petición al Alto Tribunal, a la espera no obstante de que el proceso siga su curso en instancias inferiores, informa la cadena CNN.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha afirmado en un comunicado que la decisión “es una victoria para el pueblo estadounidense”, ya que estas protecciones “perjudicaron” a los trabajadores estadounidenses.
“El Gobierno de Biden mintió a Estados Unidos. Permitió que más de medio millón de extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como sus familiares directos, con una investigación deficiente, ingresaran a Estados Unidos a través de estos desastrosos programas de libertad condicional”, ha argüido.
En este sentido, McLaughlin ha argumentado que el fin de estos programas de protección de la era Biden representa “un retorno necesario a las políticas del sentido común, de la seguridad pública y del lema ‘Estados Unidos primero'”.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha afirmado en redes sociales que la medida implica que muchas personas que “han echado raíces” y “construido su vida en nuevas comunidades se verán empujadas ahora a la crueldad de la maquinaria de detención y deportación de Trump”.
Se trata de la segunda victoria judicial lograda por Trump en materia migratoria en el mes de mayo, ya que el Tribunal Supremo ya había permitido en otra decisión previa la eliminación del estatus de protección dirigido específicamente a migrantes procedentes de Venezuela. El magnate republicano ha abogado desde su retorno a la Casa Blanca por limitar este tipo de beneficios y agilizar las deportaciones.