La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó al Poder Judicial una ampliación de ocho meses en la investigación preparatoria contra Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, y otros implicados en presuntos actos de corrupción. El requerimiento fue presentado el 21 de mayo ante el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Hurtado enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. La investigación se centra en la presunta intervención del exconductor de televisión en la devolución de barras de oro incautadas al empresario Javier Miu Lei, a cambio de una coima de un millón de dólares. Además, se le investiga por presuntas irregularidades en un trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho.
La Fiscalía también ha solicitado una reparación civil de 6 millones de soles, que debería ser pagada solidariamente por Hurtado, Miu Lei, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y el empresario Iván Siucho. Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho, cumpliendo dos mandatos de prisión preventiva: uno de 18 meses relacionado con esta investigación y otro de 9 meses por las presuntas irregularidades en el trámite migratorio.
La defensa de Hurtado ha solicitado el archivo de la investigación por tráfico de influencias, argumentando que la figura legal del “tráfico de influencias en cadena” no está contemplada en la legislación penal peruana. El juez Juan Carlos Checkley deberá evaluar este pedido y decidir sobre la continuación del proceso en los próximos días.