El crimen en las regiones mineras del país no da tregua. A raíz del asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, el Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que la minería ilegal no solo se ha convertido en un motor económico informal, sino también en un catalizador directo de violencia, deforestación y deterioro institucional. Un informe del IPE revela que las exportaciones de oro ilegal alcanzaron los US$ 7,415 millones en 2024, un 54% más que el año anterior, en un contexto de precios internacionales al alza y una regulación cada vez más laxa.
Violencia en aumento: La Libertad y Madre de Dios al rojo vivo
Según el estudio, el crecimiento del oro ilegal se ha traducido en un aumento de homicidios y extorsiones, especialmente en regiones como Madre de Dios y La Libertad, donde operan redes criminales asociadas a esta actividad. El índice de homicidios en el país subió de 3.5 a 6.0 por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2024. En La Libertad, el incremento fue aún más pronunciado: +6.1 puntos, en paralelo con el auge de la minería ilegal y la debilidad del Estado para contenerla.
Las extorsiones también se dispararon: La Libertad registra 250 denuncias por cada 100 mil habitantes, cinco veces el promedio nacional.
El Reinfo, escudo de impunidad
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2017 para ordenar el proceso de formalización, ha terminado brindando cobertura a operadores ilegales. El programa ha sido ampliado cuatro veces y hoy, de los 84,470 registros existentes, el 76% está suspendido. Pese a ello, las autoridades siguen considerando a esos actores como “informales”, no como ilegales, lo que bloquea la fiscalización e impide sanciones.
El IPE propone su cierre definitivo y la creación de un régimen nuevo, con reglas claras y sin exoneraciones penales, como paso clave hacia una política de formalización minera sostenible.
Costos ambientales y subsidios ocultos
Entre 2021 y 2024, la minería ilegal deforestó más de 31 mil hectáreas en la Amazonía, según el MAAP. A esto se suma el uso desproporcionado de combustible en regiones como Madre de Dios, donde en 2024 se consumieron 50 galones mensuales por persona, cinco veces más que el promedio nacional. Ese combustible, clave en la extracción aurífera ilegal, está exonerado del pago de IGV e ISC, constituyendo un subsidio indirecto que, según el IPE, supera los S/ 2,000 millones anuales.
El presupuesto desaparece
Pese a estos indicadores, el presupuesto del Estado para combatir la minería ilegal se ha reducido 37% en términos reales desde 2019. Este año, el programa “Reducción de la minería ilegal” recibió apenas S/ 89 millones, frente a los S/ 121 millones asignados hace cinco años. De cada S/ 100 del presupuesto total de seguridad, solo S/ 0.50 se destinan a enfrentar esta actividad ilícita.
Hacia una política real de trazabilidad
Finalmente, el IPE insiste en que cualquier estrategia seria debe incluir trazabilidad en la cadena de suministro del oro, fortalecimiento de la inteligencia financiera, y presencia sostenida del Estado en las zonas afectadas, con recursos adecuados para Minem, Mininter y el Ministerio Público.
El asesinato de trabajadores en Pataz no es un hecho aislado, sino el síntoma de una estructura criminal con protección legal y permisividad política, que seguirá creciendo mientras el país no decida enfrentarla con rigor.
