La Policía Nacional capturó el 2 de mayo en San Juan de Lurigancho a un presunto implicado en la masacre de 13 trabajadores de la minera Poderosa en Pataz, La Libertad. Según informó el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, al detenido se le incautó una pistola Glock perteneciente a una de las víctimas.
“Esta captura es una pista clave y confiamos en que permitirá avanzar hacia la identificación y detención de los autores materiales de este crimen”, señaló el premier. Según Adrianzén, la investigación apunta a bandas vinculadas a la minería ilegal que operan en la zona.
La presidenta Dina Boluarte y su gabinete anunciaron un paquete de medidas excepcionales para la provincia liberteña: toque de queda de 6 p.m. a 6 a.m. en el distrito de Pataz, instalación de una base militar, control de la zona minera por parte de las Fuerzas Armadas y suspensión de todas las actividades mineras por un plazo inicial de 30 días, prorrogable.
Asimismo, el Ejecutivo pedirá facultades legislativas al Congreso para combatir lo que denominan “terrorismo urbano”, reforzando la presencia del Estado en una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado vinculado a la minería ilegal.
En Palacio de Gobierno, con la presencia de los ministros del Interior (Julio Díaz) y Justicia (Eduardo Arana), el gobernador de La Libertad (César Acuña), y autoridades policiales y militares, el Gobierno presentó acciones contra la minería ilegal, reafirmando su compromiso de combatirla y no tolerar la impunidad del crimen organizado.
