La agrupación Unión Naval, integrada por oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú, emitió un pronunciamiento este 5 de mayo en el que exige una respuesta contundente del Estado frente a los crímenes perpetrados por organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, tras el asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, La Libertad.
“El crimen organizado ha desbordado completamente a la Policía Nacional del Perú”, advierten, y llaman al Gobierno a dejar de minimizar la gravedad del fenómeno. En ese sentido, califican estos actos como “terrorismo” y comparan su naturaleza con la de Sendero Luminoso y el MRTA, al señalar que las organizaciones criminales actuales buscan capturar territorios con violencia extrema.
Propuestas de emergencia y liderazgo militar
El pronunciamiento está dirigido al Ministro de Defensa y al Jefe del Comando Conjunto, e incluye una batería de diez propuestas de acción inmediata, entre las que destacan:
- La reapertura del Comando de Operaciones del Frente Interno (COFI), con conducción directa de las Fuerzas Armadas.
- El nombramiento de un oficial militar al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
- La declaración del estado de emergencia en La Libertad, con posibilidad de ampliarlo a otras regiones, y el nombramiento de un Jefe Político Militar.
- Autorización legal para el uso de armas de guerra contra grupos hostiles.
- Reforma urgente del sistema de justicia penal.
- Uso provisional de establecimientos penitenciarios especiales para contener a detenidos peligrosos.
- Coordinación con medios de comunicación para respaldo institucional.
- Procesamiento de efectivos involucrados en estas operaciones bajo fueros militares especiales.
- Dotación presupuestal urgente para logística de operaciones.
- Promulgación de una ley que tipifique como terrorismo todo atentado armado contra la propiedad pública o privada.
Un llamado a romper la inacción
“Es hora de gobernar con decisión y firmeza para erradicar el crimen organizado”, señala Unión Naval, denunciando la “mezquindad” de intereses partidarios que —a su juicio— han obstaculizado una respuesta estatal eficaz.
El documento también cuestiona duramente al Ejecutivo, acusándolo de haber dejado inoperantes los planes aprobados anteriormente para enfrentar el terrorismo criminal. Frente a ello, llaman al ministro de Defensa y al Comando Conjunto a asumir una posición activa y patriótica, aún a costa de la propia carrera institucional.
