El sistema penitenciario peruano atraviesa una grave crisis tras tres fugas de internos en lo que va de 2025. El último escape ocurrió en el Centro Juvenil de Maranguita, en Lima, sumándose a las fugas previas en Piura y Lurigancho. Este patrón de incidentes ha elevado la preocupación por la falta de seguridad y control en los penales del país.
Expertos como los exjefes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rosa Amaro y Leonardo Caparrós, atribuyen la crisis a la escasez de presupuesto, corrupción interna y la falta de liderazgo. Según Caparrós, la situación es producto de una gestión ineficaz, mientras que Amaro denuncia la carencia de personal capacitado y especializado, factores que han desbordado la capacidad del sistema penitenciario.
La crisis ha generado una fuerte reacción política, con congresistas como Diego Bazán y Norma Yarrow promoviendo una moción de censura contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana, por no tomar acciones contundentes frente a las fugas. Además, la renuncia del jefe del INPE, Javier Llaque, ha dejado al sector sin un liderazgo claro para afrontar la situación.
Las condiciones deplorables en los penales, con más de 96 mil internos en centros diseñados para menos de 40 mil, agravan la crisis. La falta de tecnología en vigilancia y la infraestructura deteriorada aumentan el riesgo de nuevas fugas, lo que deja al sistema penitenciario en una situación crítica que requiere soluciones inmediatas.
