Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Alberto Otárola

Fiscalía denuncia al presidente del Consejo de Ministros por presunta manipulación en contrataciones públicas.

por Edgar Mandujano

La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra Luis Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Este caso surge a raíz de la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros. Se alega que Otárola habría intervenido indebidamente en los procesos de contratación, favoreciendo a Pinedo a través de su círculo de confianza en estas instituciones.

La denuncia surge de un reportaje de septiembre de 2023 que reveló presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Tras el informe, la Fiscalía inició una investigación preliminar, recabando documentos de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa. Estos documentos confirmaron la influencia de Otárola en contrataciones menores para favorecer a Pinedo, lo que motivó la apertura de una nueva carpeta fiscal para una investigación exhaustiva.

La investigación reveló que funcionarios clave en los procesos de contratación, como Ninoska Mosqueira Cornejo, Giuliana Horna Padrón y Luis Antonio Alemán Nakamine (algunos provenientes de DEVIDA), pertenecían al círculo cercano de Otárola. Esto robustece la acusación de que Otárola instrumentalizó su poder para beneficiar a allegados, generando un conflicto de interés.

El caso sigue en proceso de investigación, con la Fiscalía determinando si los hechos imputados a Otárola constituyen una violación de la ley. Los detalles sobre las contrataciones en cuestión y las relaciones entre los funcionarios públicos implicados serán clave para entender la magnitud de los posibles delitos cometidos. En caso de que se demuestre la culpabilidad de Otárola, este podría enfrentar sanciones severas por el uso indebido de su cargo y el daño causado al Estado. El desarrollo del caso continúa siendo una prioridad para la justicia, con un plazo de 60 días para las diligencias preliminares.

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