El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, presentó su renuncia luego de dos incidentes graves en los penales peruanos. La renuncia fue aceptada de inmediato por el Gobierno, marcando el fin de una semana difícil para el sistema penitenciario nacional.
La fuga de un recluso del penal de Lurigancho, ocurrida el 21 de abril, desató la crisis. John Kennedy Javier Sebastián, el interno fugado, logró escapar trepando una pared y desapareció en una zona conocida como “Tierra de Nadie”. El suceso fue registrado por vecinos del asentamiento humano Santa Fe, lo que evidenció la vulnerabilidad del centro penitenciario.
Además, en el penal de máxima seguridad de Challapalca se descubrió un sistema de internet satelital oculto en una celda. La instalación, que incluía una antena y un router, parecía haber sido utilizada por los internos para comunicarse con cómplices fuera de prisión y acceder a internet de manera ilegal.
Estos dos incidentes provocaron una serie de cuestionamientos sobre la gestión de Llaque al frente del INPE y generaron un ambiente de inestabilidad en el sistema penitenciario del país. El Gobierno no tardó en aceptar su renuncia, en medio de la presión pública y política por mejorar la seguridad en las cárceles peruanas.
