El congresista Alejandro Aguinaga Recuenco celebró la promulgación de la Ley N°32301, que busca transparentar el uso de fondos de cooperación internacional para asistencia social en Perú. La ley, que modifica la Ley N°27692, fortalece la APCI y exige el registro de todos los proyectos gestionados por ONGs, con el objetivo de evitar el desvío o uso inapropiado de estos recursos destinados a poblaciones vulnerables, según explicó Aguinaga.
La nueva ley fortalece la supervisión de los recursos que ingresan al país, exigiendo a las ONG inscribir sus proyectos ante la APCI. Esta medida, impulsada para evitar que Perú sea un “paraíso fiscal”, asegura que los fondos de cooperación internacional se utilicen para fines sociales legítimos.
Aguinaga también señaló que el momento para aprobar esta ley es crucial, especialmente tras las recientes revelaciones en Estados Unidos sobre el uso inadecuado de los fondos de cooperación. Según las autoridades estadounidenses, solo una pequeña fracción de los recursos llega realmente a las personas que deberían beneficiarse de ellos. Con esta nueva ley, el Perú se alinea con normativas internacionales, como la Ley FARA en EE. UU., que obliga a los actores extranjeros a revelar sus relaciones y propósitos. Esto asegura que las ONG en Perú operen de manera más transparente y eficiente.
A pesar de las críticas de algunas organizaciones que consideran que la ley afectará sus intereses, Aguinaga defendió la medida como un paso necesario para proteger a las comunidades vulnerables. El congresista recordó que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), más de 200 operaciones sospechosas han sido detectadas en ONG que gestionan cooperación técnica internacional. La ley promete cambiar esta realidad, asegurando que los fondos lleguen a quienes más los necesitan y promoviendo una mayor rendición de cuentas en el manejo de estos recursos.
