La Corte Suprema revisa el recurso de casación de la Cancillería contra la restitución de Fortunato Quesada, ex embajador en Israel destituido en 2018. La Cancillería busca revocar las sentencias favorables a Quesada, quien alega violación de sus derechos y del debido proceso, mientras que él denuncia un complot en su contra.
Un escándalo estalló tras la publicación de audios editados y descontextualizados que presuntamente incriminaban al embajador por abuso de autoridad y hostigamiento laboral. La investigación reveló que Pedro Rubín, entonces ministro consejero en Tel Aviv, manipuló las grabaciones, instigando a empleados a grabar al embajador y difundiendo los audios para desacreditarlo.
Jesús Alvarado, denunciante clave en el caso, admitió en entrevista reciente que la conspiración contra Quesada fue orquestada desde Lima por altos funcionarios de la Cancillería, incluyendo a los exministros Néstor Popolizio y Hugo De Zela, y al exjefe de gabinete José Boza. Este entramado de corrupción, destapado por audios en 2018, cuestiona la imparcialidad del proceso que culminó con la destitución de Quesada.
Enrique Ghersi, abogado de Quesada, ha denunciado reiteradas violaciones al debido proceso, específicamente la denegación del derecho a presentar pruebas e interrogar testigos, lo que invalidaría cualquier sanción. A la espera de la resolución del recurso de casación, Quesada persiste en su lucha por la reposición y por revertir la injusticia que, según él, truncó su carrera diplomática.
