El premier Gustavo Adrianzén no descartó plantear una cuestión de confianza en respuesta a la ola de interpelaciones y censuras ministeriales. “No vamos a escatimar el uso de ninguna herramienta”, dijo. Pero la suya, en este caso, ya no funciona.
La cuestión de confianza –mecanismo clave del Ejecutivo en su juego de contrapesos con el Congreso– pierde fuerza cuando ya no tiene consecuencias. Según la Constitución, si el Congreso censura a dos gabinetes, el presidente puede disolver el Parlamento y convocar a elecciones. Pero ese camino se cerró: las elecciones generales de 2026 ya fueron convocadas. Y tras ese acto formal, el Congreso no puede ser disuelto. En cambio, la presidenta Dina Boluarte sí podría ser vacada si se diera una crisis institucional. Así, el supuesto equilibrio de poderes ha quedado unilateralmente inclinado.
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