El Congreso de la República ha decidido imponer un límite de S/ 42,800 (equivalente a 8 Unidades Impositivas Tributarias – UIT) para los honorarios de la defensa legal de congresistas y funcionarios del Congreso, luego de varios casos en los que se solicitaron montos elevados. Esta nueva medida fue aprobada el pasado 11 de marzo durante una sesión de la Mesa Directiva del Congreso, con el fin de regular los gastos públicos.
Según el acuerdo, los pagos a los abogados se realizarán en porcentajes escalonados según el avance del caso, con un primer pago del 35% por la evaluación inicial y sucesivos pagos en función de las etapas del juicio. El total del monto establecido no podrá exceder los S/ 42,800, asegurando que los gastos sean razonables y ajustados al progreso del proceso legal.
Esta decisión afecta a varios parlamentarios que están siendo investigados, como Luis Cordero, acusado de corrupción, Patricia Chirinos, por presunto peculado, y Hilda Portero, involucrada en una investigación por organización criminal. La medida responde a las críticas sobre el aumento de los costos de defensa, especialmente por parte de legisladores que pedían más de lo razonable para cubrir los honorarios.
La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, defendió la decisión, argumentando que la norma anterior no imponía un control sobre los gastos legales. “Hemos establecido un tope porque no puede haber un gasto desmedido”, señaló Juárez, quien también destacó que los pagos solo se realizarán si se justifica adecuadamente el trabajo del abogado contratado.
