La presidenta Dina Boluarte ha decretado el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días, en respuesta al alarmante incremento del crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Bajo esta medida, se restringen derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
El decreto, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y los ministros del Interior, Defensa y Justicia, otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quienes podrán intervenir en zonas determinadas por la institución policial.
¿Por qué se declara la emergencia?
Según el gobierno, informes reservados de la PNP sustentan la necesidad de esta medida ante el incremento de delitos graves como homicidios, sicariato, extorsión y narcotráfico. Sin embargo, el decreto no detalla datos concretos sobre el impacto de la criminalidad, lo que deja espacio para la especulación y el debate sobre su verdadera efectividad.
Desde el Ministerio del Interior, se asegura que la medida busca desarticular organizaciones criminales y devolver la tranquilidad a los ciudadanos. No obstante, experiencias previas demuestran que los estados de emergencia suelen ser paliativos temporales, sin atacar las raíces del problema.
El riesgo de la militarización
La intervención de las FF.AA. en seguridad ciudadana ha sido un tema controvertido en el Perú. Aunque el Decreto Legislativo N° 1095 regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de abusos y excesos. La historia reciente muestra que la presencia militar en las calles no garantiza la reducción del crimen y, en algunos casos, ha generado más tensión entre la ciudadanía y las autoridades.
¿Impacto real o medida política?
Esta declaración de emergencia llega en un contexto en el que el gobierno de Boluarte enfrenta una crisis de legitimidad y presiones por su falta de liderazgo en seguridad ciudadana. La inseguridad ha sido una de las principales preocupaciones de la población, y esta medida podría interpretarse como un intento de la administración por demostrar acción frente al problema.
Sin embargo, queda la pregunta: ¿es realmente una estrategia eficaz o solo una respuesta desesperada a la creciente sensación de inseguridad? Expertos en seguridad han señalado que sin una estrategia integral que refuerce la inteligencia policial, el control del armamento ilegal y la reforma del sistema penitenciario, esta medida podría ser solo un respiro momentáneo antes de que el crimen vuelva a tomar el control.
El reto de medir resultados
Uno de los puntos clave del decreto es la obligación de la PNP de presentar un informe detallado sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en un plazo de cinco días después del fin del estado de emergencia. Esto podría servir como un indicador del impacto real de la medida, aunque la experiencia demuestra que estos reportes suelen ser insuficientes y carecen de transparencia.
El Estado de Emergencia en Lima y Callao es una señal de la desesperación del gobierno ante una crisis de seguridad que ha crecido sin control. Mientras algunos sectores aplauden la medida como un paso necesario, otros advierten sobre el peligro de que se convierta en un simple golpe de efecto sin un impacto real. La clave estará en los resultados y en si esta medida viene acompañada de una e
