En un giro político significativo, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció, que este lunes 3 de marzo, presentará una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República. El motivo de la denuncia es la presunta infracción constitucional y omisión de actos funcionales por parte de Espinoza, quien, según el Mininter, habría priorizado intereses personales sobre el bienestar de la seguridad pública y la gobernabilidad del país.
La tensión entre el gobierno y la Fiscalía se intensificó luego de que el Ministerio Público decidiera retirarse de la mesa de trabajo para el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito, un espacio clave en la lucha contra la delincuencia. Desde el Ejecutivo, se condenó esta decisión como un acto que debilita la colaboración entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en el país y favorece intereses ajenos al bien común. La ministra Juan José Santiváñez, al frente del Mininter, expresó que no se permitirá que intereses particulares interfieran en la estabilidad política y en la lucha contra la criminalidad.
Además de la denuncia constitucional, el Mininter rechazó categóricamente las declaraciones de la fiscal Espinoza, quien descalificó públicamente a la Policía Nacional del Perú (PNP), tildándola de incompetente para asumir ciertas funciones. El Mininter calificó estos comentarios como un ataque infundado a la autoridad de la PNP, subrayando que la Policía está debidamente capacitada para realizar investigaciones de delitos desde su etapa inicial, tal como lo establece la ley.
El conflicto político alcanzó su punto álgido después de que Espinoza anunciara su retiro temporal de la mesa de trabajo, luego de que el Tribunal Constitucional admitiera una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130. Este enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía refleja una lucha de poder dentro del aparato del Estado, donde el gobierno cuestiona las decisiones de la fiscalía que considera como un obstáculo para la consolidación del orden público y la estabilidad política en el país.
