La Ley 32130, recientemente aprobada, está provocando un nuevo retraso en el inicio de los juicios orales contra los acusados de crímenes de corrupción y crimen organizado. Según el presidente de la Corte Superior Nacional (CSN), Hans Contreras Cuzcano, más de cien procesos judiciales podrían verse afectados por esta ley, que faculta a los acusados a impugnar el auto de enjuiciamiento, una resolución que marca el inicio del juicio.
Este tipo de procesos judiciales son especialmente complejos, involucrando a decenas de acusados, tanto personas naturales como jurídicas, y una multiplicidad de delitos. Además, los abogados defensores recurren constantemente a incidentes procesales y apelaciones, lo que alarga aún más los tiempos de resolución. Contreras destacó que, aunque estos recursos son una garantía del derecho a la defensa, contribuyen a las demoras en los procesos.
Un ejemplo emblemático de esta situación es el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, en el que 21 personas están involucradas, incluidas 10 empresas. El inicio de su juicio depende aún de la resolución de la apelación al auto de enjuiciamiento, lo que retrasa el procedimiento. Otros casos de alto perfil, como los de los expresidentes Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala, también se encuentran en diversas fases procesales afectadas por esta normativa.
El presidente de la CSN también destacó la importancia de una mayor celeridad en los procesos judiciales. En relación con el caso del expresidente Pedro Castillo, la Corte Suprema decidió iniciar el juicio oral con un cronograma claro de audiencias, un modelo que la Corte Nacional busca replicar para ofrecer mayor certeza a la ciudadanía sobre la duración de los juicios.
