El 19 de enero, una operación del Ejército peruano permitió el rescate de 53 miembros de la Comunidad Nativa de Kumpanam, quienes habían sido obligados a abandonar su hogar debido a la violencia generada por grupos de mineros ilegales en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
De los 53 afectados, 13 eran menores de edad y 40 adultos, entre ellos 19 mujeres y 21 hombres. La operación fue ejecutada por el Comando de la Sexta Brigada de la Selva, en colaboración con la Aviación del Ejército. Tras el rescate, las víctimas fueron trasladadas al Puesto Integral de Vigilancia y Control Territorial Nº 4, donde recibieron atención médica, alimentos, ropa de abrigo y apoyo psicológico. Posteriormente, pudieron regresar a su comunidad, aunque no sin enfrentar las profundas secuelas de un desplazamiento forzoso que ha alterado su vida cotidiana de manera irreversible.
La situación en El Cenepa, una zona estratégica de la región amazónica, es cada vez más preocupante. La minería ilegal se ha consolidado como una actividad económica destructiva, que no solo depreda los recursos naturales, sino que también genera violencia, desplazamiento forzado y una grave vulneración de los derechos humanos de las comunidades indígenas. El control de estas mafias mineras se extiende por territorios amazónicos, como una sombra que amenaza la estabilidad de las poblaciones locales.
La minería ilegal: un monstruo con múltiples cabezas
El ataque a la comunidad de Kumpanam no es un hecho aislado. La minería ilegal avanza imparable por la Amazonía peruana, desplazando a poblaciones indígenas y dejando a su paso un rastro de violencia y destrucción. Las mafias mineras se expanden sin control por territorios como el Cenepa, el río Santiago y otras cuencas de la selva, arrasando con todo a su paso. Los ríos, fuente de vida para millones, se contaminan con mercurio y metales pesados, mientras los ecosistemas colapsan de manera irreversible.
El Estado ha intensificado las intervenciones en algunos puntos críticos, pero las mafias siguen operando con total impunidad. No dudan en recurrir a la violencia armada para proteger sus intereses, creando un escenario de doble amenaza: la destrucción ambiental y un clima de inseguridad que acecha a las poblaciones locales, atrapadas en un conflicto del que no pueden escapar.
¿Es posible un cambio real?
La lucha contra la minería ilegal no se resuelve con intervenciones puntuales. Es necesaria una respuesta integral que no solo implique el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía, sino que también promueva alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas, fortalezca el sistema de justicia y establezca políticas de desarrollo que protejan el medio ambiente.
Mientras tanto, comunidades como Kumpanam siguen pagando el precio de una indiferencia institucional que permite que las mafias tengan más poder que el mismo Estado en muchas de estas zonas.