El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció este martes que el Gobierno ha iniciado una investigación para esclarecer las amenazas recibidas recientemente por el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, una de las prisiones más conocidas del país. A través de una coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y sus órganos de inteligencia, el Ejecutivo busca identificar a los responsables de la intimidación que ha generado preocupación en el sistema penitenciario.
En su pronunciamiento, Arana destacó que, para reforzar la seguridad, se ha tomado la decisión de relevar a los efectivos policiales que actualmente brindaban seguridad externa a los penales de Piura, Trujillo y Chimbote. En su lugar, se incorporará personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), lo que permitirá sumar más de 180 efectivos al sistema de seguridad ciudadana. Esta medida busca fortalecer no solo la seguridad de los penales, sino también garantizar la protección de la sociedad.
“Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el INPE, el principio de autoridad está asegurado dentro y fuera del penal”, afirmó Arana con énfasis, mientras subrayaba la determinación del gobierno en poner orden en las instituciones carcelarias y evitar cualquier intento de desestabilización.
Con esta acción, el gobierno busca enviar un mensaje claro: la lucha contra la delincuencia organizada, y la garantía del orden en los penales, seguirá siendo una prioridad en su agenda de seguridad. La incógnita sobre las amenazas en Castro Castro permanece, pero la respuesta institucional se muestra firme ante la necesidad de mantener la calma y el control en el sistema penitenciario.