El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó de “repulsiva” la liberación de delincuentes, a la que responsabilizó directamente a la Fiscalía, intensificando así la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Además, cuestionó el breve plazo otorgado por la Fiscalía a la presidenta Dina Boluarte para entregar documentos sobre su cirugía de 2023.
Adrianzén, quien participó en el evento “Gestión Territorial” junto a la presidenta Boluarte, expresó su malestar ante lo que considera una falta de colaboración de la Fiscalía en la lucha contra la inseguridad ciudadana. “Es indignante y repulsivo que fiscales liberen delincuentes cada semana. Esto socava la seguridad y dificulta el combate al crimen”, declaró.
Respecto a las discrepancias con el Ministerio Público, el jefe del gabinete negó un enfrentamiento formal pero subrayó el derecho ciudadano a criticar decisiones judiciales. “La Constitución garantiza nuestro derecho a cuestionar resoluciones. No tenemos que estar de acuerdo con todas, y en muchas discrepamos”, agregó.
Plazo insuficiente para entregar documentos
Sobre el requerimiento de la Fiscalía a Dina Boluarte para entregar en 24 horas información relacionada con su cirugía de junio de 2023 y los 91 documentos originales que firmó, Adrianzén manifestó su descontento. “Es un plazo extremadamente corto para recopilar y presentar toda la documentación solicitada. No obstante, estoy seguro de que se cumplirá con el mandato”, indicó.
Llamado a endurecer medidas contra el crimen
En sus declaraciones finales, Adrianzén instó al Congreso a reconsiderar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo sobre “terrorismo urbano”. El jefe del gabinete enfatizó la necesidad de endurecer las sanciones contra la criminalidad que afecta al país. “Es crucial que el Congreso actúe con celeridad para aplicar medidas más firmes frente a esta problemática que azota a la ciudadanía”, puntualizó.
El evento “Gestión Territorial”, en el que también participó Boluarte, buscó fortalecer la colaboración entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, promoviendo una mejor ejecución presupuestal y estrategias conjuntas contra el crimen.