El jefe de Estado Mayor de la PNP, general Óscar Arriola, confía en que los próximos días se muestren resultados en la lucha contra la criminalidad y le dijo a CARETAS que “estamos golpeando los lugares donde se tenga una información de presencia de criminales que ya hayan cometido delitos. La ley de estado de emergencia es beneficiosa porque suspende el derecho a la inviolabilidad al domicilio”.
Reconoce que “se ha ensanchado los actos comisivos de extorsión y por ende cualquiera de la gran masa coge un teléfono y ve la manera de abrir una o más cuentas. Se quedan con las tarjetas y las claves y empiezan a hacer 100 200 llamadas por día. El ruego que tenemos hace un tiempo es que podamos montar un sistema que, a la sola denuncia del extorsionado a la policía, esta comunica al fiscal para que el operador telefónico desactive el número y al mismo tiempo entregue en tiempo real el nombre del propietario, el registro, la mensajería, y con el código IMEI ubicar si han usado otros chips”.
La misma suerte, con el compromiso de Asociación de Bancos (ASBANC) correría la cuenta bancaria a la que se hacen los depósitos. “La agencia bancaria estaría obligada a entregar todos los movimientos, datos del titular y las imágenes de las personas que hayan utilizado la cuenta”.
A la sola denuncia se pondría en marcha toda la operativización.
“Con eso se acabarían las extorsiones sobre las sospechas que provienen del penal, donde estamos siendo muy rigurosos. También estamos trabajando fuertemente con penales, bodegueros, mercados y transportistas”.
Hoy con 133 mil efectivos, Arriola reitera que “hay un déficit de 60 mil policías”. Una situación que se arrastra desde 1988, cuando se produce la unificación de la Policía a partir de la Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones. “Eran tres cuerpos y cuando se integra los vieron como un solo cuerpo, también en cantidad”.
Déficit más grave si se toma en cuenta que la burocracia en el país se ha multiplicado en los últimos años.
Considera que “también se arruinó la especialización de los policías y se cambió por una mirada del comando de turno que, así como vieron a una sola institución, también la miraron logística y tecnológicamente, también a nivel de infraestructura”.
Añade que el garantismo del nuevo modelo procesal penal implementado a partir del 2004 “ha terminado por darle una mano a la criminalidad y se respira impunidad”.
Coincide con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en la necesidad de impulsar los juzgados de flagrancia, pero advierte que “se trata de delitos menores. Se requiere de fiscales y jueces enérgicos y comprometidos que, en los casos de asesinato, secuestros, extorsiones, sí les den prisión preventiva para sacarlos de circulación de la sociedad. Presidente del PJ ha hecho un llamado a los jueces porque no puede ser posible que amparándose en la independencia y autonomía los devuelvan a la calle”.
Universo Flagrancia
A fines de agosto de 2024, el primer ministro Alberto Adrianzén anunció que el Gobierno destinará casi S/ 155 millones del presupuesto del año 2025 para fortalecer las unidades de flagrancia.
De este presupuesto, más de S/ 73 millones serán destinados al Poder Judicial, más de S/ 10 millones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, casi S/ 36 millones al Ministerio Público y más de S/ 31 millones al Ministerio del Interior.
En julio, el ministro de Justicia Eduardo Arana dijo que el MEF destinó S/ 52.4 millones al Poder Judicial para financiar la continuidad de 8 Unidades de Flagrancia creadas el año 2023 (Sullana, Lima Norte y Lima Este) y la creación de 7 Unidades de Flagrancia en diversas regiones (La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Tacna, Cusco, Ica y Piura).
Persiste el déficit en la defensa pública para poder hacer el procedimiento inmediato de flagrancia. Por ejemplo, en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur han hecho un convenio con el Colegio de Abogados de Lima Sur para que envíen a un abogado cuando no tengan disponible a un defensor público.
Para que la flagrancia aplique, la detención debe ser hecha en el plazo de 24 horas luego de cometido el delito. El congresista Juan Burgos (Unidad & Diálogo Parlamentario) propone aumentar el plazo de flagrancia a 48 horas. También tienen un dictamen favorable respecto a un proyecto de ley del Ejecutivo que busca crear el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva, que tendrá entre sus funciones conducir y planificar la implementación de unidades de flagrancia a nivel nacional-
El presidente del PJ, Javier Arévalo, irá a la comisión de presupuesto el 27 de octubre y pedirá más de S/ 253 millones para implementar 34 unidades modelo de flagrancia, casi cuatro veces lo que propone el Ejecutivo. Actualmente hay 6 juzgados de flagrancia, tres de ellos pilotos.