Hoy, ni los presos que purgan condena en las cárceles se libran de ser extorsionados.
Especialistas advierten que, si el Perú continúa con esta ola de extorsiones e inseguridad que se vive a diario, podría convertirse en uno de los países con más casos de extorsión en Latinoamérica, superando a Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y México.
A esto se suma, la percepción de inseguridad ciudadana a nivel nacional que aumentó de 82.6 a 86.1 %, de acuerdo a un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En Lima el porcentaje salta a 89.9 %.
El delito de extorsión contra personas y/o instituciones públicas o privadas como colegios donde se empleen armas de fuego o artefactos explosivos, está tipificado en el artículo 200 del Código Penal, con pena privativa de libertad no menor de diez y hasta 25 años.
NADA PARECE DISUADIR A LOS DELINCUENTES
Según cifras de la Fiscalía de la Nación, en 2023 se registraron 19 401 denuncias por este delito a nivel nacional. Es decir, 500 % más que en 2021.
De acuerdo con la información del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en lo que va de 2024, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha recibido más de 11 mil denuncias. Como era de esperarse, la región más afectada es Lima, con 4564 denuncias, casi el 40 % del total. La Libertad, Piura, Lambayeque y Callao también son especialmente vulnerables.
EXTORSIÓN MARCA PERÚ
Tras la detención de algunos líderes de las bandas criminales extranjeras que operaban en la capital, como el ‘Tren de Aragua’, ‘Los Bravos del Gota a Gota’, ‘Los Tiguerones del Ecuador’ y la facción del ‘Comando Vermelho’ del Brasil, los nacionales retomaron el terreno perdido.
La planificación de secuestros, robos de vehículos, extorsiones y demás crímenes se realizan desde las cárceles. Es así que gran parte del dinero recaudado pasa directamente a los bolsillos de los cabecillas que se encuentran purgando condena a través de sus familiares. Un negocio redondo.
En los últimos meses, la delincuencia ha logrado ampliar el mercado en cobro de cupos extorsivos abarcando casi todos los rubros: choferes de empresas de transporte público, administradores de clínicas, directores de colegios, dueños de bodegas, mototaxistas y vendedores ambulantes se ven obligados a pagar una cifra de dinero para poder trabajar sin ser victimas de daños materiales o en algunos casos perder la vida.
Una vendedora ambulante de queques debe pagar entre 3 a 5 soles diarios para poder vender sus productos en alguna zona de Lima. En el caso del sector transporte, los buses deben pagar la suma de 20 soles y los taxistas que trabajan a nivel zonal, 10 soles. Una pollería es obligada a pagar una cuota inicial de 100 nuevos soles y 5 mil mensuales. Colegios y clínicas particulares también pasan por el proceso de extorsión con ‘matrículas’ –como se dice en la jerga delincuencial– de miles de soles.
Hasta los dueños de bodegas deben ‘matricularse’, con 15 mil como primera cuota y 5 mil mensuales.
Según el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, al menos 2 mil 600 bodegas cerraron durante 2023 a causa de extorsiones y robos. Mientras que en lo que va del año, al menos 15 empresas de transporte publico han sido atacadas por bandas criminales dedicadas al cobro de cupos. Entre ellas figuran Los Chinos, Vipusa, Sesosa, El Mandarino, Consorcio Uvita, Los Loritos, Consorcio Roma, Santa Catalina, Corazón de Jesús de San Diego, Latin Cable y Eticosa.
OLA DE CRÍMENES IMPARABLE
A pesar que el titular del Interior, Juan José Santiváñez, participa casi a diario en operativos contra la criminalidad y hay personas detenidas, la ola no cesa. En menos de un mes cuatro choferes han perdido la vida por rehusarse a pagar los cupos extorsivos. El último atentado ocurrió la noche del lunes 23, en el distrito de Comas, contra el trabajador Jorge Alexander Ríos, quien fue asesinado debido a que se negó a pagar la suma de 7 soles diarios a fin de que se le permita trabajar. 48 horas antes, otro chofer fue atacado a balazos en la Panamericana Norte al frente de Mega Plaza. La agresión ocurrió la noche del sábado cuando dos sujetos armados llegaron en una moto y atacaron al chofer de la empresa de transportes ‘El Anconero’, identificado como Jair Chuquimia de 30 años, quien se negó a pagar los cupos. El conductor Rutnam Berríos Pajuelo (32), de la empresa de transportes ‘El Mandarino’, fue acribillado el 28 de agosto, en el cruce de las avenidas Revolución y Túpac Amaru de Comas. Un día después dieron muerte a José Luis Ontiveros López (32), conductor de la empresa Consorcio Uvita, en el paradero Año Nuevo, en Comas.
Según el general Marco Antonio Conde Cuéllar, director de la Dirincri, un sector de transportistas informales es cómplice de la delincuencia dedicada a la extorsión.
Asimismo, señaló que el delincuente identificado como Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, ‘Chino feo’ o ‘Chonguito’, sería el autor intelectual de los violentas casos de extorsión ocurridos en Lima Norte.
Estos crímenes ocasionaron que el pasado lunes 23, cientos de transportistas salgan a las calles a protestar, cansados de ser atacados por las mafias de cobro de cupos.
EJECUTIVO PIDE CADENA PERPETUA
Al cierre de la presente nota, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez informó que en el próximo Consejo de Ministros se formulará un proyecto de ley con el fin de conseguir el endurecimiento de las penas por los delitos de extorsión y sicariato.
“El Poder ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, formulará un proyecto de ley que alcanzará al Congreso de la República, en donde solicitaremos que las penas por los delitos de sicariato y extorsión sean reevaluadas y puedan ser sancionadas hasta con cadena perpetua”, precisó.