El anuncio de la captura de cuatro integrantes del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) que hizo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFA), general EP David Ojeda Parra, fue un trago amargo para los agentes de la Policía que vieron como otros se llevaban el crédito por un trabajo que ellos habían preparado desde hacía meses.
Fuentes informaron a CARETAS que la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), con apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), venían preparando desde julio la captura de los narcoterroristas. De hecho, esta revista accedió al plan de operaciones y a un oficio en el que se informa a la fiscal Gladys Palomino que el plan se ejecutaría el 5 de agosto. Pero esto nunca ocurrió.
Para dar el golpe, era necesario pedir el apoyo de Comando Especial del Vraem, a cargo del general EP Hugo Molina, quien habría mostrado disposición a prestar sus fuerzas para el operativo. Sin embargo, una orden del CCFFAA cambió el rumbo de la historia.
Según estas mismas fuentes, el Comando Conjunto habría ordenado abortar la misión debido a que ellos tenían algo “mucho más grande” entre manos. Grande fue la sorpresa de los policías cuando el miércoles 18 de setiembre, Ojeda Parra se daba crédito por la ejecución del plan en el que ellos habían trabajado durante meses.
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De hecho, Ojeda Parra solo supo reconocer a Octavio Vargas Ñahuicopa, alias “Ciperian”, uno de los cuatro miembros del MPCP capturados, señalando los tres restantes no habían sido identificados. Esto, pese a que en el plan operativo elaborado por la Dircote identificó como objetivos a alias “Laura”, “Óscar”, “Herlinda” y “Efraín”.
El seguimiento del equipo policial a los narcoterroristas inició el 15 de enero de este año, cuando identificaron que Grimaldo Quispe Huamaní, alias “Chato Mendoza” llegó al centro poblado Huarcatán en Huanta (Ayacucho) para recolectar 400 cartuchos de dinamita de mineros informales para usarlos en emboscadas contra policías y militares.
A lo largo de los meses, la Dircote detectó más incursiones de narcoterroristas que portaban fusiles Galil y AKM y radios de onda corta y recolectaban dinamita o hacían actividades de agitación y propaganda en diversos centros poblados de Huanta, además de realizar labores de vigilancia y control a traslados de PBC.
La última gran incursión del CCFFA en el Vraem se dio en el marco de la “Operación Tukuy”, que fue ampliamente criticada por los pocos resultados obtenidos y por la falta de transparencia respecto a sus costos.
