El precio del combustible ha sido un tema de mucho debate en los últimos años. Y si bien los indicadores en su mayoría vienen del extranjero, lo real es que en el Perú la fluctuación de precios también se debe, en gran parte, al deficiente nivel de regulación y a factores internos.
Para poner un ejemplo: Petroperú es una de las instituciones que viene generando más controversia por su deficiencia. Aunque la señora Dina Boluarte ya descartó la posibilidad de privatizar este organismo (y muchas personas no puedan estar de acuerdo con ello) lo real es que esta institución no ha demostrado ser eficiente.
Ante la ciudadanía hay esa sensación de que Petroperú está divorciado de los intereses ciudadanos y no ha sabido desarrollarse con miras al beneficio de los consumidores. La opinión pública le atribuye la condición de una empresa en quiebra que sigue subsistiendo solo por los salvavidas de dinero que el gobierno realiza cada tiempo. Hay, así, una necesidad de regulación y, por supuesto, la necesidad de reevaluar la orientación de los gastos estatales.
El precio del petróleo impacta muchísimo en la vida cotidiana de millones de peruanos. Afecta sus bolsillos. Y en un país donde la geografía se despliega en una variedad de climas y terrenos, el combustible es más que un simple producto. Es un elemento esencial que articula la logística, la producción y, en última instancia, la subsistencia.
La volatilidad de sus precios y la falta de regulación han desencadenado una serie de crisis que afectan a los sectores más vulnerables. A pesar de ser un país rico en recursos naturales, el Perú ha enfrentado crisis energéticas y desabastecimientos que revelan las fragilidades de un sistema que, a menudo, prioriza el lucro sobre el bienestar colectivo.
La libre competencia es una creación extraordinaria. Sin embargo, funciona con mecanismos que coadyuven a su desarrollo integral. Por desgracia, los gobiernos peruanos no han sabido actuar con responsabilidad y han ido creando mecanismos de supuesta estabilización de precios con costos sumamente elevados que finalmente pagamos todos los peruanos.
Además, en otras ocasiones se han generado una serie de beneficios para los que menos necesitan y con olvido de sus compromisos subsidiarios y de inclusión social. ¿Cuál ha sido el mecanismo más utilizado? La figura de los decretos de urgencia.
Es necesario analizar cómo las decisiones políticas y las estructuras de mercado han contribuido a crear un ambiente donde el precio del combustible se convierte en un instrumento de desigualdad.
La regulación de los hidrocarburos se encuentra en la Constitución Política del Perú (en los artículos 58, 62 y 66). Y también en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221. Actualmente el salario mínimo es de S/ 1025 soles. Está muy relacionado a los precios del combustible y es frágil porque, un incremento estrepitoso en el costo de la gasolina impactaría directamente en el precio de los alimentos, el transporte y, en general, en el costo de vida. Es así que este fenómeno no solo afecta a los ciudadanos comunes, sino que también desencadena un efecto dominó que perjudica a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales dependen del transporte y la logística para operar.
La regulación debería empezar por ver por qué en Perú los precios suben en momentos en que el precio del petróleo disminuye en el mercado internacional. Esta contradicción genera un clima de desconfianza hacia las instituciones, alimentando la percepción de que hay un interés oculto en beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría.
No hay que reducir el tema de los precios de los combustibles a algo meramente económico. Tiene profundas repercusiones sociales. Y existen múltiples modelos de regulación que han sido creados en el Perú, aunque puestos en práctica con poca eficacia. Uno de ellos es el establecimiento del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), que permite amortiguar los efectos de la volatilidad internacional. Aunque está vigente, lo real es que los cambios dentro de este “colchón” han sido poco evaluados.
Otro mecanismo de ayuda sería el de dotar de una mayor transparencia a la fijación de precios. Es fundamental que los consumidores comprendan bien cómo se determina el costo del combustible y qué factores influyen en su fluctuación. Lamentablemente, las campañas de publicidades estatales de los últimos diez años jamás se enfocaron en ello.
La crisis del combustible en Perú no es solo un problema técnico, sino también una cuestión de derechos. Es un llamado a la acción para todos los actores involucrados: el Estado, las empresas y la sociedad civil. Es imperativo que se establezca un diálogo constructivo que permita abordar esta problemática de manera integral. Por ello, otro mecanismo sería involucrar la participación ciudadana en la discusión de políticas públicas para asegurar que las decisiones tomadas sean representativas de la población.
Asimismo, es necesario fomentar la diversificación energética en el país. Depender solo del petróleo no solo expone al Perú a la volatilidad de los precios internacionales, sino que también limita las posibilidades de desarrollo sostenible. No hay discursos presidenciales enfocados en este tema tan medular. El invertir en energías renovables no solo contribuiría a la seguridad energética, sino que también generaría empleo y, por ende, oportunidades en sectores emergentes.
Es cierto que muchos dirán que existen un Osinergmin, un portal web (facilito.pe) y un fondo. No se cuestiona la existencia de estos espacios, sino su nivel de operatividad. Por ejemplo, en julio, Osinergmin lanzó mecanismos aplicados al GLP y al Diésel (OSINERGMIN N° 021-2024-OS/GRT) y luego se retiró el balón de gas licuado de petróleo (GLP) del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Estas medidas afectan a un sector importante.
Es preciso entender que solo a través de la acción conjunta se podrá construir un futuro en el que el acceso al combustible no sea un privilegio, sino un derecho de todos. Es inadmisible que, al día de hoy, existan regiones como Loreto en las que casi siempre escasea el combustible.
Es verdad que en los últimos doce meses el precio del barril de petróleo ha bajado en casi 22 %, según West Texas Intermediate (WTI). Sin embargo, por desgracia, según los recientes pronósticos, recogidos por expertos a la revista Gestión, estas rebajas no se van a percibir en el bolsillo ciudadano. Todo ello a razón de ininteligibles “factores internos”.
Este desbalance de los precios en comparación con el mercado internacional seguirá siendo una gran tara para el desarrollo en el transporte y la logística en el Perú. Sin embargo, quizá solo dure hasta que la electricidad (u otra especie) reemplace por completo esta fuente de energía.