Escribe: ARQ. URB. Jorge Ruiz de Somocurcio*
El 70 % de la metrópoli limeña ha tenido origen informal desde la segunda mitad del siglo pasado cuando se produjo el gran desborde popular. Dio origen al urbanismo popular que en un primer momento fue una respuesta a la inacción del Estado frente a un intenso e inesperado proceso de urbanización.
El día de hoy la informalidad en el manejo del suelo y la expansión urbana continúa de la mano de “comunidades campesinas”, traficantes de suelo, invasores en un proceso que ya no puede reconocerse como una actividad que necesita ser llevada al orden. Ya pasó la misa de una. Hoy día es simple y llanamente parte del Modelo de hacer ciudad y de lo que se trata es que toda la clientela que toca la puerta de los traficantes, en realidad encuentre en el Estado la respuesta a sus necesidades.
Lima tiene un déficit cuantitativo y cualitativo que se estima en un millón de unidades y la oferta pública no pasa de 30 000 viviendas al año, con un modelo equivocado de atención a la vivienda realmente social, en la cual un factor clave es el suelo.
Tiene que haber suelo con costo social y el modo de obtenerlo es negociando con los grandes propietarios; por ejemplo, entrega suelo para vivienda social a cambio de Zonificación. En esa idea se estuvieron trabajando varios proyectos en la gestión de Hannia Pérez de Cuellar y Hernán Navarro (viceministro), que ojalá no se detengan con la nueva administración.
Suelo disponible hay en las pampas de Ancón, las Pampas del Sur (de Lima a Mala) y algunos bolsones en las cuencas de los ríos Rímac y Lurín.
Algunos de esos bolsones se encuentran en el distrito de La Molina, colindante con Pachacamac, y en concreto uno de ellos de 80ha corresponde a la que fue una de las canteras de material para la construcción y se denomina Arenera La Molina.
El terreno es una excavación hoy amenazada por esa invasión hormiga que guían traficantes de terrenos. Hace 17 años los propietarios lanzan un Proyecto de una floreciente urbanización con 50 % de área libre, servicios, equipamiento, así como los impactos vial y ambiental y obtuvieron todos los permisos tanto de la Molina como Pachacamac y el IMP y la Comisión de Desarrollo Urbano. Sin embargo, el alcalde Paz de la Barra se opuso porque sus residentes no querían convivir con familias de bajos ingresos en la vecindad.
En estos días, el Proyecto se acaba de presentar nuevamente al Concejo Metropolitano y nuevamente otro alcalde de La Molina, Diego Uceda, hablando en nombre de sus vecinos repite la oposición al Proyecto, con los mismos argumentos discriminadores.
La Comisión de Desarrollo Urbano de Lima con visión de futuro dio su aprobación al proyecto. Ahora solo falta el Concejo Metropolitano, mientras que cada día los traficantes de tierras van rellenando la cantera y vendiendo lotes sin ningún servicio y asesinan a quien se oponga.
Con un alcalde distrital apostando formalmente por la invasión como una forma de ciudad, corresponde al Concejo Metropolitano y al alcalde Rafael López Aliaga dar una señal incuestionable a los habitantes de Lima de cómo hacer bien la ciudad: con Proyectos que tengan visión de futuro. No cabe otra opción.
* Decano del Colegio de Arquitectos de Lima