La jueza Patricia Rumiche Gonzáles ordenó el desalojo del suboficial del Ejército, Ángel Navarro, del departamento de la villa militar Matellini de Chorrillos en la que vive junto a su familia.
Navarro denunció en CARETAS una serie de presuntas irregularidades en la entrega de alimentos e indumentaria para la tropa de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec n31 de Sonomoro, ubicada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
El caso, en investigación en el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el distrito fiscal de la Selva Central, busca esclarecer las responsabilidades de oficiales en presuntos actos de corrupción, pues les daban raciones menores a las que correspondían, pero les hacían firmar planillas que certificaban que todo estaba en regla.
Denunciar el presunto caso de corrupción, primero ante sus superiores y luego ante el Ministerio Público, le costó caro. Navarro empezó a recibir información sobre posibles atentados contra su vida y hostilizaciones.
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A fines de junio el militar advirtió que buscaban desalojarlo de su departamento a pesar de que le descontaron S/ 1926 desde octubre del 2023 a marzo de este año por vivir ahí. Sin embargo, en el Ejército no solo negó el descuento, sino que incluso dijo que tiene deuda.
En la sentencia, la magistrada Rumiche sostiene que Navarro no contestó a la demanda que el Ejército le interpuso para que desocupara el inmueble.
Sin embargo, llama la atención que se trata de la misma jueza que ordenó el desalojo del también suboficial del Ejército, William Yucra, quien denunció que se hacían fiestas irregulares en la fortaleza del Real Felipe.