Todavía se recuerda cómo la fiscal superior provisional Marita Barreto extinguió de
un plumazo la presunción de inocencia declarando en televisión nacional que un
investigado por Eficcop (el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del
Poder que ella coordina) debía probar su inocencia. Sorprendente y peligroso
razonamiento jurídico viniendo de una fiscal que, se supone, debe ser defensora
de la legalidad y de las leyes. Precisamente, en un Estado Constitucional de
Derecho, la tarea fundamental del Ministerio Público es aportar la carga de la
prueba cuando a un ciudadano se le imputa un delito. Abolida la presunción de
inocencia, el siguiente paso para la súper fiscal Barreto, fue decretar que en el
Perú existe delito de opinión. Solo así se explica por qué una de sus
subordinadas, la fiscal provincial Naomi Catherine Bustillos Tamayo, ha
denunciado penalmente a columnista de CARETAS Carlos Paredes por el
supuesto delito de “resistencia y desobediencia a la autoridad”. La razón
fundamental de esta denuncia penal es una columna que Paredes publicó bajo el
título de “La Todopoderosa” el 16 de mayo último. Después de criticar algunas
actuaciones del equipo de fiscales liderados por Barreto, Paredes contó, a manera
de anécdota, la coincidencia del nombre de la saga de operativos “Valkiria” con el
nombre de un hostal de tres estrellas, en el distrito de Pilcomayo, en Huancayo,
donde Barreto protagonizó un incidente que terminó en una demanda judicial de
divorcio por infidelidad. Todo indica que, ese hecho anecdótico comentado por
Paredes, desató las iras de Barreto quien ordenó denunciar al periodista porque,
supuestamente, no remitió una copia maestra de unos audios publicados en el
programa Contracorriente de Willax, que está bajo su dirección periodística.
Consultado Paredes, sostiene que nunca se resistió ni desobedeció mandato
alguno de la fiscalía. Simplemente le fue imposible entregar esos audios porque
Efficop los pidió cinco meses después de su emisión, y la capacidad de
almacenamiento de las computadoras (islas de edición) es limitado. Una situación
que comunicó reiteradamente a los fiscales que lo solicitaron, pero Barreto revivió
esta solicitud bajo apercibimiento dándole dos días de plazo. El pedido fue
respondido de la misma manera que veces anteriores. No es primera vez que la
fiscal Barreto arremete penalmente contra los periodistas que la investigan o
critican. Ha pasado lo mismo con por lo menos tres hombres de medios. Lo hizo
contra el periodista José Briceño, quien tuvo la osadía de preguntar cómo había
comprado una casa de playa en un club privado de Asia. Barreto, lejos de
esclarecer su súbito patrimonio inmobiliario denunció a Briceño como parte de la
organización criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo. También denunció
por reglaje a la reportera Karina Aliaga, quien cometió el “delito” de ir a tocarle el
timbre de su casa para saber su reacción después de que Patricia Benavides la
sacara de la coordinación de Eficcop en diciembre de 2023. Juan Carlos Tafur fue
incluido como “brazo mediático” de la supuesta organización criminal
multipropósito liderada por Patricia Benavides también por criticar a Barreto. Se
puede cuestionar éticamente a Tafur por las reuniones que procuró entre la
cuestionada empresaria Mirtha Gonzáles y Benavides, pero no se puede aceptar
que criminalicen la opinión de nadie. Son tan poco prolijos los fiscales liderados
por Barreto, que lo ponen por escrito en sus carpetas fiscales. La pregunta se cae
de madura: ¿No hay fiscales titulares, mejor preparados y con una mínima
formación académica y profesional para hacerse cargo de casos tan complejos e
importantes como los que lleva Eficcop?. El Fiscal de la Nación interino Juan
Carlos Villena tiene la palabra.