El asesinato de una familia de tres ciudadanos extranjeros a manos del suboficial de la Policía Nacional, Salomón Quispe Mamani conmocionó al país. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo (Ica), le impuso 18 meses de prisión preventiva. Con un proceso sumario, sería sentenciado en un plazo de tres meses, pese a que fue detenido en flagrancia. En un proceso regular, la sentencia podría demorar más de un año; y si hubiera sido procesado en una Unidad de Flagrancia (UF), la sanción se habría dado en un plazo máximo de 72 horas.
El problema es que la región Ica aún no cuenta con una UF; esta empezaría a funcionar en octubre de este año.
Estas unidades albergan en un solo lugar, al Poder Judicial (PJ), al Ministerio Público (MP), a la Policía y a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia. O al menos, así debería ser porque en la práctica, la mayoría de estas no cuentan con la presencia permanente de fiscales.
Desde el 2022, año en el que se implementó la primera UF en La Libertad, hasta inicios de junio de este año, se ha procesado 5361 casos en las 11 unidades que existen a nivel nacional. De esa cantidad, se emitieron 4620 sentencias, es decir, se resolvió el 86,18% de los casos.
Lo llamativo, sin embargo, es que los más de 5000 casos corresponden a un universo de 64165 detenidos por la Policía Nacional; es decir, solo el 8,36% de los detenidos ingresan a las UF. No necesariamente toda detención en flagrancia llega a la unidad.
El presidente de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima Sur, el juez Marco Antonio Angulo Morales, explicó a CARETAS que, en muchos casos, el MP aplica el principio de oportunidad, en el que se produce una suerte de conciliación en el que los casos se resuelven sin llegar a la UF.
“En la mayoría de casos los procesos concluyen con una salida alternativa. Los abogados prefieren una terminación anticipada donde se acuerdan las penas y la reparación civil donde se acuerdan las penas y la reparación civil”, señaló.
En julio del 2024, la UF de Lima Sur ingresó 30 casos -con un total de 14 sentenciados- de un total de 698 detenidos. Los delitos que se ven con mayor frecuencia en esta unidad son el hurto, la violencia contra la mujer y la conducción en estado de ebriedad, pero también han llegado casos de homicidios culposos, tocamientos indebidos y hasta proposiciones a menores de edad.
A diferencia de otras UF, la de Lima Sur tiene personal fiscal permanente y dedicado a los casos de flagrancia, lo que permite que los casos se resuelvan en un promedio de 38 horas. Lo que debería ser la regla, es una excepción que se dio gracias a la coordinación con la Junta de Fiscales de esta parte de la capital.
“Debería existir un pool de fiscales con una permanencia de 24/7, porque de lo contrario desnaturalizamos un poco el fin de la UF y el trámite del proceso inmediato (…) es un tema de voluntad”, sostuvo el magistrado.
Tracy Quijano, administradora del módulo penal de la UF de Lima Sur, nos dijo que hay una gran cantidad de casos que no llegan a las UF porque pasan a procesos comunes producto de una descoordinación entre la Fiscalía y la Policía que harían que se venzan los plazos de flagrancia.
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La funcionaria explica que la UF de Lima Sur aspira a pasar de ser una unidad piloto a ser una unidad modelo, para contar con el presupuesto adecuado que les permita implementar laboratorios que faciliten la investigación policial a fin de que todos los procesos puedan realizarse en el mismo lugar, optimizando el trabajo. También explica que estas carencias también dificultan que el MP “alimente” a las UF.
Uno de los casos más sonados resueltos en la UF de Lima Sur fue la sentencia a tres años de prisión suspendida al ciudadano chileno Ignacio Amunátegui Halyburton por haber pintado los vagones del tren eléctrico en Villa María del Triunfo.
“Las UF funcionan si son alimentadas con requerimientos de procesos inmediatos. Si el MP no requiere procesos inmediatos, no se va a poder percibir que existe un incremento considerable de sentencias contra este tipo de delitos”, insiste el juez Angulo.
eléctrico.
En marzo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Flagrancia de la CSJ de Lima Centro sentenció a cinco años y cuatro meses de prisión y la posterior expulsión del país, al ciudadano venezolano Jesús Eduardo Valero Gómez, quien con cuchillo en mano robó una mochila que contenía un celular y tarjetas de crédito a una mujer que transitaba por el jirón Cañete del cercado de Lima para ir a su trabajo.
En esta UF se ha logrado sentenciar a 408 personas de un total de 552 detenidos; los casos más comunes son los de hurto agravado, violencia familiar y desobediencia a la autoridad, pero también han recibido casos de receptación, estafa agravada, acoso, usurpación y tenencia ilegal de municiones.
De hecho, en la UF de Lima Centro, sentenciaron a 17 años y seis meses de prisión a Wilder Edison Espinoza Huanhuayo, quien intentó robar un celular introduciendo la mitad de su cuerpo por la ventana del vehículo en el que viajaba su víctima. En el forcejeo, el agraviado resultó lesionado.
La presidenta de la CSJ de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, explicó que su UF solo tiene competencia en cuatro distritos: Breña, Cercado de Lima, el Rímac y Jesús María. Pese a que no tienen la presencia permanente de fiscales, han logrado sentenciar en plazos de 24 y 48 horas. Incluso, cuentan con el récord de haber logrado una sentencia en cuatro horas y media contados desde la detención. “Sí hay una respuesta contundente”, sostiene.
logrado sentenciar a 408 personas.
Sin embargo, la jueza Vidal también indica que a la UF de Lima Centro no llega la cantidad de casos que esperarían. “Del universo de detenidos, un 10 o 15% son los que pasan a nuestra unidad, pero es un tema presupuestal porque quizás la Fiscalía no se da abasto para incubar proceso inmediato y llegue a nuestra unidad, porque les falta personal”, indica.
Para potenciar el trabajo de la UF, la magistrada señala que aspiran a tener un laboratorio de criminalística que permita que los exámenes toxicológicos, las pruebas de absorción atómicas, entre otras, se hagan en la misma unidad para ganar tiempo.
Esta opinión es compartida por el excomandante general de la Policía, Jorge Angulo, quien estimó que se debe invertir en estas unidades para que se pueda contar con la cantidad necesaria de fiscales, así como con los laboratorios y los implementos necesarios para que la Policía pueda trabajar eficientemente.
“La idea es buena y puede funcionar, pero hay que invertir. La Policía no tiene ni laboratorios, tiene que venir a Lima, que está saturado, por eso se demora la carga procesal”, apuntó.