La intención del Gobierno de crear el Ministerio de Infraestructura empieza a generar posiciones. Según la última encuesta de Datum, el 52 % de los peruanos se opone a la propuesta de la presidenta Dina Boluarte y solo el 2 % consideró que se trató de un anuncio importante. Pero, además del rechazo ciudadano, los aspectos técnicos de la iniciativa preocupan a los expertos.
La especialista en gestión pública, Karla Gaviño, cuestionó el propósito de la creación de la nueva cartera. “Lo que está ocurriendo es que están anunciando nuevamente una reforma importante en el manejo de la institucionalidad pública que no se basa en un análisis de gestión de políticas públicas debidamente sustentado, sino en una coyuntura de una necesidad de tener anuncios políticos. De ahí partimos con el mismo talón de Aquiles de la Autoridad Nacional de Infraestructura”, explicó a CARETAS.
La economista advirtió la necesidad de que haya especialidad en los distintos rubros que abarcará el nuevo ministerio, ya que el riesgo es que los nuevos colegios, hospitales y vías de comunicación no sean construidos adecuadamente.
Asimismo, estimó que sería más conveniente que la propuesta sea estudiada por un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso, ya que las reformas importantes suelen hacerse al inicio y no al final de las gestiones porque una nueva administración podría revisar y replantear todo lo hecho por la gestión saliente.
La concentración de unidades ejecutoras, sumada a la necesidad de un gran aparato especializado para sacar adelante los proyectos de infraestructura nacional convertiría la cartera en un “mega ministerio” que además de representar un reto para la gestión pública, también deberá prever las medidas necesarias para que no se paralicen las obras que están en curso.
Para evitar los casos de corrupción, se deberán fortalecer los Órganos de Control Interno de la cartera y sus respectivas unidades ejecutoras y articular con la Contraloría para que haya procesos concurrentes que fluyan adecuadamente y no paralicen las obras.
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Una posición similar tuvo el experto en políticas y gestión educativa, Paul Neira, quien consideró que no se puede permitir que solo se haga un trasvase del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) al Ministerio de Infraestructura sin replantearse su rol y sus procedimientos para evitar repetir los errores.
El especialista apuntó que el área del nuevo ministerio que se encargue de la infraestructura educativa debe tener una mirada distinta para usar de forma eficiente su presupuesto, que actualmente, es de S/ 6500 000 000 para la construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa.
“Uno de los grandes problemas que tiene el Pronied son los expedientes técnicos de los colegios que están mal armados o desactualizados y eso genera que cuando sale a concurso hay sobrecostos y problemas legales”, sostuvo.
El nuevo Ministerio de Infraestructura también deberá tener en cuenta la brecha en infraestructura educativa que superaría los S/ 185 000 000 000 que podrían resolverse aplicando mecanismos como obras por impuestos o asociaciones público – privadas.
Con todo, Neira consideró que, si el Ministerio de Educación se liberara del trabajo de convocar a licitaciones para la construcción de infraestructura, podría enfocarse en resolver la brecha de aprendizajes de los estudiantes y capacitar adecuadamente a los profesores.
Será tarea de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que presidirá Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) iniciar el debate de esta iniciativa de ley.