El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que la Fiscalía de la Nación archivó la denuncia por genocidio que se formuló contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la muerte de 50 civiles durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
“Poco a poco la justicia se abre paso. No hay mérito p acusar constitucionalmente a la SPR (Señora Presidenta de la República) y se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito”, escribió el premier en su cuenta de X -antes Twitter-.
Adrianzén Olaya compartió la disposición 17 del Ministerio Público, fechada el 30 de julio de este año, que estima que no hay méritos para denunciar constitucionalmente a la jefa de Estado, a su entonces primer ministro, Pedro Angulo, y a los ex ministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas, Jorge Chávez Cresta y Vicente Romero.
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“Archivar definitivamente los antecedentes del presente caso, en el extremo del delito contra la humanidad, en la modalidad de genocidio”, dice el documento que lleva la firma del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.
Sin embargo, es necesario señalar que solo se archivó la denuncia en el extremo del genocidio, ya que siguen vigentes las pesquisas por homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves contra la mandataria y los miembros de su Gabinete.
Cabe señalar que la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a Dina Boluarte por homicidio calificados y lesiones graves, pero la denuncia estuvo encajonada por más de seis meses en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), hasta que fue archivada por este mismo subgrupo a mediados de julio.