El próximo viernes 5 de julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia evaluará una solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses para la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien se investiga por la presunta comisión del delito de organización criminal.
La solicitud fue interpuesta por la fiscal suprema Delia Espinoza como respuesta al fallo del magistrado Juan Carlos Checkley, quien declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país para la destituida fiscal con el objetivo de asegurar su presencia en las diligencias que disponga su despacho.
La sala que preside el juez supremo César San Martín, inicialmente, iba a desarrollar dicha audiencia el 12 de junio, pero desde la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos presentó nuevos elementos que ocasionaron que se posponga la sesión a fin de que estos puedan ser estudiados por todas las partes implicadas.
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Como se recuerda, la ex titular del Ministerio Público fue sindicada de ser la presunta líder de una organización criminal que habría canjeado el archivo de investigaciones penales contra congresistas a cambio de que estos votaran a favor de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Las coordinaciones para captar estos votos se habrían hecho a través de su asesor, Jaime Villanueva, quien se habría contactado con el agente “Roberto” para asegurar la adhesión de congresistas. Precisamente, el “Filósofo” reconoció en declaraciones a la prensa que los chats que evidencian estos acuerdos son verdaderos.
Según Punto Final, el coronel de la Policía retirado, Martín Gonzáles, alias “Conejo”, habría recibido USD 30 000 de la presidenta Dina Boluarte para recolectar las conversaciones de WhatsApp que le entregaron al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.