Con 82 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó autorizar a su presidente, Alejandro Soto, a interponer ante el Tribunal Constitucional (TC), una demanda competencial y una medida cautelar contra la resolución que emitió el Poder Judicial suspendiendo la inhabilitación política de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez e Inés Tello.
La demanda busca que el máximo intérprete de la Constitución siente una posición respecto a la posibilidad de que el Poder Judicial pueda controlar los actos y decisiones del Parlamento. Si bien, en una sentencia previa el TC dictaminó que la judicatura no podía intervenir en las facultades “exclusivas y excluyentes” del Parlamento, sí dejó abierta la posibilidad del control en el caso de que los acuerdos legislativos vulneren derechos.
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El Parlamento había sancionado a los magistrados con la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública por la permanencia de la magistrada Tello de Ñecco en la JNJ, quien ya había sobrepasado los 75 años de edad. La decisión generó controversia porque la edad no es causal de vacancia según la Ley Orgánica de la JNJ y SERVIR determinó que el límite de edad era una barrera para el ingreso a la institución, pero no para permanecer en ella.
Por ello, las defensas legales de los magistrados acudieron a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, instancia que falló a favor de Inés Tello y Aldo Vásquez, ordenando su inmediata reposición.