Este 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de los Bosques. Una fecha importante para recordar su papel en el bienestar del planeta y para todos los seres vivos, así como para alentar a las entidades nacionales e internacionales a desarrollar iniciativas que contribuyan a realizar actividades relacionadas con los bosques y su preservación.
Según el libro Perú: país de bosques, casi el 60% del territorio nacional está cubierto de bosques, posicionándose en el cuarto lugar del mundo entre los países con mayor extensión en bosques tropicales y el noveno con mayor superficie forestal.
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (Programa Bosques) del Ministerio del Ambiente (Minam) señala que en la costa, sierra y selva del país hay 42 tipos de bosques.
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No obstante, si bien los bosques cumplen un rol indispensable para la vida, el agua, el clima, los alimentos, los suelos y el aire, desde hace 22 años la pérdida de cobertura arbórea se mantiene en ascenso en todo el mundo, especialmente con la llegada del Covid-19. Un informe de Global Forest Watch, el sistema interactivo de monitoreo y alerta forestal en línea, reveló que en dicho periodo el mundo perdió 4,2 millones de hectáreas de bosque.
Por ejemplo, en Perú la extracción de madera ilegal y la minería de oro se mantienen como las dos actividades extractivas que provocan principalmente la deforestación. En ese sentido, actualmente el país ocupa el quinto lugar en la mayor parte de la pérdida de bosques tropicales. Entre los departamentos más afectados se encuentran Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Pasco, Junín y Huánuco.
En el país se han deforestado más de 2,16 millones de hectáreas de bosque primario húmedo en los últimos 20 años. Foto: Andina
Cabe añadir que, de acuerdo al Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia), durante el primer año de la pandemia, la pérdida de bosques ascendió a 203 272 hectáreas y para el 2021 solo se redujo en un 32% (137 976 hectáreas).
En esa línea, a lo largo del tiempo se han ido implementando soluciones, como la reforestación, para recuperar los ecosistemas degradados, a fin de contribuir a restaurar los territorios con árboles, ante los desafíos climáticos y amenazas por actividades productivas no sostenibles que impactan en su conservación.
José Luis Capella Vargas, abogado especializado en derecho ambiental y director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), conversó con Inforegión para analizar los incentivos que no estarían demostrando un funcionamiento eficiente para contribuir en la protección de los bosques y el desarrollo de sus habitantes a nivel nacional.
Entre ellos, se encuentra el mecanismo de mitigación de cambio climático REDD+, el cual tiene como finalidad disminuir los Gases Efecto Invernadero (GEI) producidos por el uso de los bosques, a cambio de beneficios económicos para financiar la conservación de superficies forestales y prácticas sustentables en bosques.
“Ahí, diría que no hay tanta evidencia en que hay un logro claro en reducir la deforestación, porque es un mecanismo que requiere pasar a ser una política pública nacional que reparta beneficios a las personas, a las instituciones y las organizaciones de base que están relacionadas directamente con la conservación de los bosques”, recomienda Capella.
En ese sentido, el especialista de la SDPA indica que es necesario que el Gobierno brinde una serie de garantías a los usuarios de los bosques para asegurar su protección, así como sus objetivos planteados en base a su visión local para el desarrollo forestal.
“Es bien importante considerar en estos proyectos dos cosas. Uno, las salvaguardas hacia las personas más vulnerables y dos, la integralidad ambiental, es decir no se puede reducir la deforestación a costa de todo. La reducción de la deforestación nos tiene que importar por los cobeneficios que genera, en otras palabras tiene que beneficiar a que haya menos toneladas de carbono, y también a las personas que viven en los bosques”, remarcó.
Por otro lado, Capella detalla que la falta de asistencia técnica hacia los productores forestales sobre sus recursos también es un problema constante para garantizar y promover la gestión sostenible de los bosques. “Una cosa que adolece el Estado peruano es una visión de asistencia o apoyo a los usuarios del bosque, se sacan muchas normas, regulaciones, normas, pero el énfasis en cómo se cumplen y cómo la gente está en la capacidad de cumplirlas no está, y esto ocurre porque no se realiza una buena descentralización de las competencias forestales, y cuando se descentraliza no se da el financiamiento para los actores que suman al cuidado del bosque”, agrega.
Finalmente, el representante de la SPDA destacó la necesidad de implementar, a nivel del gobierno central, beneficios en términos económicos que permitan realizar un trabajo de conservación seguro y con el apoyo de medidas fiscalizadoras eficientes que aseguren la protección de quienes se dedican a trabajar en el cuidado y producción sostenible de los bosques, ante los grupos dedicados a delitos forestales.
“Necesitamos darles incentivos claros a estos productores y también fortalecer en el tema punitivo, no hemos sido suficientemente determinantes en ese sentido. No existe una adecuada organización del Estado para brindar servicios, entre ellos, apoyo en términos de asistencia técnica a los productores de castaña, por ejemplo. Ante este abandono se acercan el talador ilegal, el traficante de tierras, el minero ilegal, etc.”, especificó el abogado de la SPDA.
“La razón del Estado no es poner normas y hacer cumplir de manera punitiva, se requiere ir al campo, entrar a trabajar con las personas y acompañarlas en asistencia a las necesidades que tienen, sea la actividad que sea: conservación, producción de castaña, ecoturismo, etc. En todos esos casos el usuario queda solo. Nosotros podemos ayudar un poco, pero no hay forma de hacer lo que tendría que hacer el Estado”, concluyó.