El pedido de 120 días de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori no solo contempla cambios en seguridad, economía y modernización del Estado. Uno de los capítulos que más debate ha generado es el referido a la reforma laboral, debido a que plantea modificar beneficios sociales, flexibilizar algunos aspectos de la contratación y crear un régimen progresivo para emprendedores y micro y pequeñas empresas (MYPE), lo que recuerda la denominada "Ley Pulpín".
Aunque el Ejecutivo sostiene que las medidas buscan combatir la informalidad y generar empleo, la propuesta ha reavivado comparaciones con la denominada "Ley Pulpín", la norma aprobada en 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala que provocó multitudinarias protestas y terminó siendo derogada por el Congreso semanas después.
Pero, ¿realmente se trata de una nueva versión de aquella ley? Estas son las principales similitudes, diferencias y los cambios que plantea el proyecto del Ejecutivo.
¿Por qué algunos comparan la propuesta con la "Ley Pulpín"?
La comparación surge porque ambas iniciativas parten de un diagnóstico similar: que los elevados costos laborales dificultan la contratación formal, especialmente entre jóvenes y pequeñas empresas.
La llamada Ley Pulpín creó un régimen laboral especial para trabajadores jóvenes de entre 18 y 24 años, reduciendo beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones y otros derechos laborales con el argumento de incentivar el empleo formal.
Sin embargo, aquella norma fue ampliamente cuestionada. Diversos especialistas sostuvieron que disminuir derechos laborales no garantizaba una mayor formalización del empleo. Entre ellos, un análisis difundido por IDL Reporteros señaló que ya existían regímenes laborales especiales —como el de las microempresas— que no habían logrado reducir significativamente la informalidad, pese a ofrecer menores beneficios laborales.
El informe también advertía que un esquema de este tipo podía facilitar el reemplazo de trabajadores con mayores derechos por otros contratados bajo condiciones menos favorables, sin asegurar necesariamente la creación de nuevos puestos de trabajo.
Si bien el proyecto del gobierno de Keiko Fujimori no crea un régimen exclusivo para jóvenes como lo hacía la Ley Pulpín, sí propone revisar parte del marco laboral vigente y flexibilizar algunos beneficios, lo que ha llevado a distintos sectores a establecer paralelos con aquella experiencia.
¿Ley Pulpín 2.0?: Los cambios laborales que plantea el Gobierno?
El capítulo laboral del proyecto busca consolidar la normativa vigente mediante un régimen progresivo dirigido a emprendedores y micro y pequeñas empresas.
Entre las materias sobre las que el Ejecutivo solicita facultades para legislar figuran:
- La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
- Las gratificaciones legales.
- El régimen de vacaciones.
- La participación de los trabajadores en las utilidades.
- La jornada laboral y el pago de horas extras.
- Los aportes a EsSalud, AFP y ONP.
Además, el proyecto propone otorgar mayor flexibilidad para que empleadores y trabajadores puedan acordar determinadas condiciones laborales mediante acuerdos individuales o negociación colectiva.
Otro de los aspectos que genera mayor atención es la intención de modificar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas. Según la exposición de motivos, la regulación vigente dificulta que las empresas puedan adaptarse a situaciones económicas adversas, por lo que plantea revisar las reglas relacionadas con la protección frente al despido.
Asimismo, el documento incluye la posibilidad de regular bonos por desempeño que no tengan naturaleza remunerativa y plantea racionalizar el uso de los feriados nacionales con el objetivo de mejorar la productividad.
¿Por qué el Ejecutivo considera necesaria esta reforma?
En la exposición de motivos, el Gobierno sostiene que el mercado laboral peruano enfrenta un problema estructural de informalidad.
El documento señala que el 70,2 % de la población ocupada trabaja de manera informal y atribuye parte de esa situación a los elevados costos laborales no salariales, los cuales representarían alrededor del 72 % del salario formal promedio, una cifra superior al promedio regional.
Según el Ejecutivo, estos costos desincentivan la contratación formal e incluyen beneficios como la CTS, las gratificaciones, las indemnizaciones por despido y el aporte del 9 % a EsSalud.
El proyecto también pone énfasis en la situación de los jóvenes. Indica que el desempleo juvenil alcanza el 9,6 % y que el número de personas que no estudian ni trabajan (NINI) ha aumentado en los últimos años, por lo que considera necesario reducir barreras para facilitar su incorporación al mercado laboral formal.
En cuanto a los feriados, el Ejecutivo sostiene que cada día no laborable obligatorio tiene un impacto sobre la productividad y cita estimaciones del Banco Central de Reserva para justificar la posibilidad de revisar el calendario vigente.
Juan Sheput descarta cambios inmediatos en los feriados
Uno de los puntos que más polémica generó fue la posibilidad de reducir el número de feriados nacionales.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó que el Gobierno haya tomado una decisión en ese sentido. En declaraciones a RPP explicó que la referencia incluida en un borrador de las facultades legislativas no constituye una medida oficial.
El titular del MTPE afirmó que el Ejecutivo mantendrá los 16 feriados nacionales mientras no existan estudios técnicos que justifiquen una modificación. Añadió que cualquier eventual cambio deberá analizar tanto su impacto en la productividad como en sectores como el turismo y deberá discutirse con los actores involucrados.
Así, mientras el Congreso evalúa si concede o no las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, el debate sobre una eventual flexibilización del régimen laboral vuelve a instalarse en la agenda pública, recordando una discusión que marcó la política peruana hace más de una década, aunque en un contexto y con una propuesta distinta.