A poco más de un año de las Elecciones Generales 2026, una cifra resume con claridad el clima social en el Perú urbano: tres de cada cuatro ciudadanos rechaza abiertamente los discursos anti LGBTIQ+. Así lo revela una encuesta nacional urbano realizada por Ipsos en alianza con Más Igualdad Perú, que mide percepciones ciudadanas sobre derechos, respeto y participación política.
El estudio no solo muestra una aceptación mayoritaria hacia la diversidad sexual y de género, sino que introduce un elemento clave en el debate electoral: el discurso de odio tiene un alto costo político.
El rechazo al discurso de odio como mensaje electoral
Según la encuesta, el 76 % de los encuestados afirma que no apoyaría a candidatos que promuevan discursos de odio o posiciones anti LGBTIQ+. El dato adquiere especial relevancia en un escenario preelectoral donde algunos actores políticos han optado por estrategias discursivas confrontacionales o regresivas en materia de derechos.
Más allá de posiciones ideológicas, la cifra refleja una expectativa ciudadana clara: la convivencia democrática pasa por el respeto y la no discriminación, incluso entre quienes no se definen como activistas.
Consenso urbano sobre respeto e igualdad
El respaldo al respeto hacia las personas LGBTIQ+ es amplio y transversal. Casi el 80 % de los peruanos urbanos considera que todas las personas deben recibir el mismo respeto ante la ley y acceder en igualdad de condiciones a salud, educación y trabajo.
En el ámbito sanitario, el 75 % sostiene que la atención en salud física y mental debe respetar la identidad de género, mientras que cerca de ocho de cada diez personas considera que este respeto debe ser un principio básico en instituciones públicas, centros de salud y comisarías.
No obstante, el estudio también identifica brechas generacionales y socioeconómicas, con mayores resistencias en personas de mayor edad y en sectores con mayor vulnerabilidad económica.
Familias diversas: respaldo creciente, leyes rezagadas
Aunque el Perú continúa rezagado en el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo —sin matrimonio igualitario ni unión civil aprobados—, la opinión pública urbana muestra señales de cambio.
El 55 % de los encuestados respalda algún tipo de reconocimiento legal para parejas del mismo sexo, ya sea matrimonio civil (29 %) o unión civil (26 %). Entre los jóvenes de 18 a 25 años, el apoyo al matrimonio civil igualitario asciende al 49 %, marcando una clara brecha generacional frente a los mayores de 43 años.
Para Bruno Fernández de Córdova, presidente de Más Igualdad Perú, estas cifras reflejan una transformación social sostenida: “El reconocimiento familiar no divide a la sociedad, la transforma. Las familias diversas existen y merecen la misma protección legal”.
Una advertencia para la clase política
En un contexto donde el Congreso ha impulsado iniciativas consideradas regresivas por organizaciones de derechos humanos —como la denominada ley de “baños trans”—, la encuesta introduce un mensaje directo a los partidos y candidaturas rumbo a 2026.
“La ciudadanía espera un trato respetuoso y no discriminatorio por parte del Estado y los actores políticos”, señala Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos. El respaldo a la igualdad, añade, convive con un rechazo explícito a la instrumentalización del miedo o la exclusión como estrategia política.
Desde la sociedad civil, la lectura es clara: la ciudadanía avanza más rápido que las leyes, y esa brecha empieza a reflejarse también en el cálculo electoral.