El sector transporte ha formalizado un pedido urgente al gobierno de José María Balcázar para implementar un paquete extraordinario de medidas que evite el colapso total del servicio en las principales ciudades del país. A través de documentos remitidos a la Presidencia de la República, el Congreso y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gremios advirtieron que la crisis actual, agudizada por el alza de insumos y la inseguridad, ha llevado a las empresas a una situación límite. El dirigente Héctor Vargas confirmó que la propuesta busca establecer un programa de apoyo que permita la sostenibilidad de las operaciones frente a un escenario de quiebra inminente que afectaría a millones de usuarios.
Rescate financiero y medidas económicas
La plataforma planteada por los transportistas se centra en cuatro ejes fundamentales para aliviar la presión económica sobre las empresas. Entre las medidas destacan la solicitud de un subsidio temporal al transporte público y la creación de líneas de crédito con garantía estatal, bajo un modelo similar al programa Reactiva, para cumplir con las deudas adquiridas con la banca privada por la compra de unidades. Asimismo, el gremio demanda facilidades tributarias y financieras que permitan compensar el incremento en los costos del gas y otros gastos operativos que, en la actualidad, impiden que las compañías lleguen a fin de mes con saldos positivos.
El impacto crítico de la inseguridad
El reclamo con mayor peso social dentro del pliego de peticiones es la implementación de un plan de seguridad nacional que frene la extorsión y los ataques armados. Según los representantes del sector, la violencia sistemática ha provocado que muchos conductores abandonen sus puestos de trabajo por temor a represalias de organizaciones criminales. Esta fuga de personal ha reducido la capacidad operativa de las empresas a niveles críticos, operando actualmente entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de su flota total. El asesinato reciente de tres conductores ha exacerbado el temor en el gremio, que considera que las acciones del Estado hasta la fecha han sido insuficientes para proteger la vida de los trabajadores del volante.
Riesgo de una paralización no deseada
A diferencia de las movilizaciones convencionales, los dirigentes advierten que el transporte se encamina a un «paro no deseado» provocado por la falta de recursos y no por una decisión política. Muchas empresas se encuentran en proceso de liquidación o próximas a suspender sus servicios simplemente porque ya no cuentan con capital de trabajo para poner las unidades en circulación. Esta situación de quiebra técnica, sumada a los compromisos bancarios impagos, amenaza con dejar a las ciudades sin un sistema de transporte articulado en los próximos días si el Ejecutivo no responde con prontitud a la propuesta de salvataje presentada por los transportistas.