Una nueva iniciativa legislativa busca modificar las reglas de responsabilidad penal para adolescentes en el Perú. La propuesta, presentada por el diputado Alexander Segura Figueroa, de Renovación Popular, plantea que los jóvenes de entre 14 y 17 años que cometan determinados delitos graves sean procesados bajo el Código Penal, en lugar del régimen especial para menores de edad.
El Proyecto de Ley N.° 00559-2026-2031-CD fue presentado el 9 de octubre de 2026 y pasó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el día 13 del mismo mes.
Proyecto de ley plantea responsabilidad penal ordinaria para adolescentes
La propuesta plantea modificar el artículo 20 del Código Penal para excluir del régimen de inimputabilidad a los adolescentes de 14 a 17 años que cometan una lista de delitos graves. Entre ellos figuran homicidio, sicariato, feminicidio, secuestro, violación sexual, trata de personas, extorsión y terrorismo. La iniciativa busca que estos casos pasen del sistema penal juvenil al régimen penal ordinario.
El texto también busca incorporar cambios al artículo 22 del Código Penal. Aunque plantea que los adolescentes comprendidos en la excepción reciban las penas previstas para los delitos cometidos, establece que el juez deberá reducirlas de manera prudencial.
Además, prohíbe imponer cadena perpetua y fija un máximo de 20 años de prisión cuando esa sea la única sanción prevista para el delito. La propuesta modifica, asimismo, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para que los jóvenes de 14 a 17 años que cometan los delitos contemplados en el proyecto queden sujetos a responsabilidad penal ordinaria.
En paralelo, amplía de 14 a 17 años el rango de edad para determinadas medidas de internación de entre cuatro y seis años previstas para otras infracciones.
Renovación Popular propone cambios en el sistema penitenciario juvenil
El proyecto también plantea modificar el Código de Ejecución Penal para que las personas privadas de libertad de entre 14 y 21 años reciban un tratamiento penitenciario individualizado y permanezcan separadas de los internos de mayor edad. La iniciativa contempla programas especializados que tomen en cuenta factores personales, sociales, culturales y psicológicos.
La exposición de motivos sostiene que las organizaciones criminales reclutan a menores para cometer delitos violentos debido a las limitaciones del sistema penal juvenil. Como sustento, el documento menciona cifras sobre intervenciones policiales a adolescentes durante 2025 y 2026, así como antecedentes de proyectos legislativos que buscaron modificar la edad de imputabilidad.
Sin embargo, la propuesta reconoce que su aplicación generaría costos administrativos y logísticos, entre ellos la adecuación de pabellones y la capacitación del personal penitenciario. El texto señala que estos gastos se cubrirían con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público.
Proyecto se presenta después de que el TC anuló la Ley 32330
La iniciativa retoma el debate sobre la responsabilidad penal de adolescentes que surgió con la Ley 32330, promulgada en mayo de 2025. Esa norma incorporó a jóvenes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario para determinados delitos, pero el TC declaró inconstitucionales varios de sus cambios mediante la Sentencia 2/2026, emitida el 5 de diciembre de 2025 y publicada en enero de 2026.
El Tribunal Constitucional estableció que la edad mínima de imputabilidad penal es de 18 años y dispuso que los adolescentes de 16 y 17 años acusados de cometer infracciones sean procesados en el sistema penal juvenil. La sentencia también ordenó reconducir los procesos iniciados bajo la Ley 32330 hacia las autoridades competentes en materia de justicia juvenil.